Cuando el ministro de Universidades, Joan Subirats, comentó al término de la reunión con el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla, allá por marzo de 2022, que la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario “deberá aceptar lo que es la complejidad del sistema, que tiene competencias europeas y de las comunidades autónomas”, no sabía hasta que punto esa complejidad se iba a convertir en desconcierto para los afectados. O para casi todos los afectados. Pocas veces una Ley de tal naturaleza ha logrado tan alto grado de unidad (en el desacuerdo) entre Rectores, Consejos Sociales, comunidad docente e incluso representantes sindicales. Pero es así. A pesar del rosario de declaraciones encontradas, entrevistas, tribunas, columnas de opinión, manifiestos... la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ya está aquí, entre nosotros. “Esta nueva ley ayudará a mejorar la internacionalización, la transferencia de conocimiento, la formación a lo largo de la vida y salvaguardar el pluralismo y la diversidad en la universidad como elemento central de la vida universitaria” , aseguró Subirats en respuesta a la denuncia de profesores, rectores y partidos como PP, Cs, Vox y UPN, que han advertido de que la norma abre la puerta a la “ideologización” de los campus incluso en contra del criterio del Tribunal Supremo.

 

 

LOS RECTORES HABLAN

“Somos muy numerosas las universidades que no queremos esta ley, porque nos han propuesto la ley que no necesitábamos. Una ley que solo satisface a unos pocos”. Así de tajante se mostró Julían Garde López-Brea, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, en una tribuna publicada en el diario ABC el pasado 18 de febrero, días antes de que el texto normativo pasara por el Senado para su aprobación. 

 

“Si me pidieran que enumerara un solo aspecto en el que la LOSU mejorase el sistema universitario en España —prosigue Garde López-Brea en su artículo— no sería capaz de dar una respuesta después de haber estudiado las diferentes versiones de la norma. Frente a la visión optimista de algunos medios de comunicación, referida al impacto positivo que tendrá la contratación por la vía laboral, la posibilidad de que el rector o rectora no tengan la condición de funcionarios, de la estabilización de los profesores asociados o que las agencias regionales de evaluación puedan acreditar para los cuerpos docentes universitarios, la pregunta que habría que hacerse es si estas supuestas mejoras resuelven los problemas del sistema universitario español en el siglo XXI. La respuesta, al menos para mí, es no”. Garde López-Brea ejerce de altavoz de numerosos rectores que han puesto en entredicho esta ley “porque no va resolver los problemas a los que se enfrenta nuestro sistema universitario”. 

 

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, profundiza en este sentido: “No he escuchado a ningún rector que diga algo positivo de la LOSU”. “La ley afecta de forma muy negativa en la autonomía universitaria, entendida esta como libertad para la creación y difusión de conocimiento, y abre un largo periodo que exigirá mucho tiempo de dedicación para adaptar los derechos y obligaciones que incorpora el texto, esfuerzos que no podrán orientarse hacia lo más importante: el estudio, la formación de los jóvenes, la investigación y la transferencia de conocimiento”. Para Rivero, “el futuro régimen de gobierno de las universidades resultará complicado, debido a las contradicciones internas del texto de la ley. Por un lado, se conceden poderes amplios a los rectorados, rebajando el peso real de los consejos de gobierno. Por otro se mantiene la posibilidad de que el claustro revoque el mandato del rector elegido por sufragio directo”. 

 

Antonio Abril Abadín, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades españolas (CCS), subrayó en El Confidencial —coincidiendo en el tiempo con las declaraciones de los dos rectores citados anteriormente— que “la norma desoye la voz de la sociedad y las exigencias de Europa, renuncia a aproximar la gobernanza de la universidad española a los modelos de éxito europeos y mundiales, y va a seguir condenándola a ser una excepción en el mundo”. “Los esfuerzos de progreso que el proyecto persigue, y que la CCS reconoce y valora en temas, entre otros, de sostenibilidad social y medioambiental, estabilidad del empleo universitario, internacionalización (¿pero puede ser internacional una universidad cuyo sistema corporativo de designación del rector impide que pueda serlo alguien de otro país o incluso de otra universidad española?, se pregunta) o suficiencia financiera, no van a ser suficientes para que la nueva ley sea el documento que la Universidad del siglo XXI necesita, sin la debida transparencia y rendición de cuentas y con una financiación recurrentemente insuficiente, pero sería inaudito y nos pondría aún más en evidencia consolidarlo en el mundo global, sostenible, tecnológico y competitivo que nos ha tocado vivir”.

 

Para Ángel Tristán, presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, “el proceso de negociación de la LOSU ha conseguido la unión de todos los consejos sociales de las universidades públicas españolas, “que se han pronunciado con una sola voz” e, incluso trabajando en grupos de trabajo para negociar con las comunidades autónomas. Un aspecto fundamental es que todos los consejos sociales, a través de la Conferencia de Consejos Sociales, mantienen un mismo criterio: “que esta ley supone una oportunidad perdida para la necesaria adaptación europea de la universidad española”. En su opinión, hay que esperar a su desarrollo normativo “para saber si se puede ir adecuando, mediante reglamentos y adaptaciones”.

 

Precisamente, el propio Joaquín Leguina, histórico miembro del PSOE y hoy expulsado del partido, calificó esta ley de “inútil” en una tribuna de opinión en The Objective. El hoy presidente del Consejo Social de la Universidad de Alcalá de Henares justificó su inutilidad porque la ley “disminuye las competencias de los Consejos Sociales y, además, degrada su participación en el Consejo de Gobierno de la Universidad”. “Por eso será inviable que los consejos sociales ejerzan debidamente sus funciones de control económico y presupuestario. Seguirá existiendo por ello la falta de transparencia y la rendición de cuentas universitaria”, apuntó. 

 

Leguina subrayó que “la autonomía universitaria ha derivado en un autogobierno que ha generado una notable distancia entre la sociedad y una universidad que no ha priorizado nunca la relación con las demandas sociales”. “Por ello, la sociedad no se ha sentido obligada a financiar generosamente una universidad en cuya gestión no participa, y es que la academia no consideró seriamente dirigir los resultados de su investigación hacia el sector productivo”. 

 

 

¿NEUTRALIDAD EN EL CLAUSTRO?

En su ir y venir, la LOSU cambió de forma importante en su tramitación en el Congreso de los Diputados para dar respuesta a las peticiones de ERC. La más polémica, y la que ha generado más críticas al respecto, es la que establece como una de las “funciones fundamentales” del claustro la de “analizar y debatir temáticas de especial transcendencia”. La diputada de ERC Marta Rosique desveló que esta cuestión era la llave para eludir futuras sentencias judiciales como las que ya han condenado a la Universidad de Barcelona y a la Universidad Politécnica de Cataluña por “posicionarse por temas de profunda actualidad política y de afectación en su entorno” cuando dieron su apoyo al procés. El Supremo ha establecido que las universidades “están sujetas al principio de neutralidad predicable de toda Administración pública”. Precisamente, formaciones políticas, rectores, como el profesorado o catedráticos de universidades han criticado abiertamente la “inconstitucionalidad” de este artículo, cuestión que ha sido respaldada por uno de los barones del PSOE y presidente castellanomanchego, el socialista Emiliano García-Page, que ha dicho que la ley “se sale por completo del marco constitucional”.

 

Profundizando en este asunto, la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, Chantal Moll, recordó en El Mundo que, “en vez de introducir en la LOSU un precepto que declare la neutralidad ideológica de las instituciones públicas”, en sintonía con lo establecido por el Tribunal Supremo, “se ha hecho justo lo contrario: cargarse una lucha de años por la igualdad y haciéndolo por la puerta de atrás”. En este sentido, José Carlos Gómez Villamandos, que fue presidente de la Confederación de Rectores de España (CRUE) y actual consejero andaluz de Universidades, ha recordado que la LOSU “da respuesta más a los movimientos independentistas que a lo que necesita el sistema universitario, por lo que desde Andalucía intentaremos, en el ámbito de las competencias autonómicas, corregir todo aquello que entendemos que es desarticular el sistema y no reforzar el sistema”, ha apostillado el consejero. “Se trata de algo que, ha advertido, puede derivar en que haya comunidades autónomas con regulaciones “muy dispares”. Este último término es compartido, precisamente, por Garde López-Brea, quien ha subrayado que la LOSU “generará 17 sistemas universitarios en España”. Cabe recordar que el propio Gómez Villamandos se negó a emitir en un Consejo de Universidades, presidido por el ministro Manuel Castells, el informe sobre el Anteproyecto de la Ley. 

 

SINDICATOS Y PROFESORADO

Por su parte, tanto CSIF como CCOO también han mostrado su antipatía al nuevo texto. De hecho, Ramón Caballero (CSIF) apuntó a 65YMÁS que esta ley “no responde a los problemas que hay que afrontar en la universidad”, por lo que considera que “se convierte en una oportunidad perdida para mejorar el sistema universitario español”. “Creemos que es una ley que fundamentalmente desregula aspectos importantes, dejando en manos de las comunidades autónomas temas vitales que deberían estar regulados a nivel nacional. Por tanto, se ha terminado convirtiendo en una ley de mínimos”, explica. Pero no son solo estos los problemas que vislumbra Caballero, quien ha apuntado que la ley “propicia la desmantelación de los cuerpos docentes, mientras que fomenta la laboralización de las plantillas, es decir, que cada vez habrá menos funcionarios”. Además, considera que “van a proliferar figuras laborales diferentes en cada comunidad autónoma con los problemas que crearan de igualdad, homologación… Nos parece un auténtico disparate”. Del mismo modo, advierte del “desfase que se produce en la carrera investigadora entre los hombres y las mujeres, donde hay un proceso de desigualdad cuando la mujer llega a la edad entre los 30 y los 40 años”. La financiación será “otro grave problema”, ya que la subida para dentro de 10 años hasta alcanzar el 1% del PIB “no garantiza una financiación estable y suficiente, y tampoco marca el procedimiento para que los fondos lleguen a las universidades”, según Caballero. En estos mismos términos se pronuncia Encina González, secretaria de Universidad e Investigación de la Federación de Enseñanza de CCOO, quien en la misma publicación asegura que “se queda corta, no es nuestro proyecto, y sobre todo en el ámbito de personal hay muchas cosas que mejorar”. “Nuestra financiación es exigua y escasa, con diferencias entre comunidades autónomas que hacen que plazas permanentes pasen a plazas temporales, incluso a tiempo parcial, como los asociados”, indica a su vez González. 

 

Precisamente, los responsables de profesorado de las universidades públicas pertenecientes al Grupo 9 de Universidades (G-9) —Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza, además de la Universidad de Murcia, como entidad colaboradora— han mantenido recientemente un encuentro para analizar cómo afectará la LOSU a las políticas docentes. Los representantes universitarios han mostrado su preocupación por la falta de compromisos de financiación y han solicitado una clarificación al Gobierno central y un compromiso presupuestario específico. La aplicación de la Ley, señala el G-9, “solamente será posible y exitosa con una financiación adecuada por lo que solicita una solución urgente para esta situación”, y constata que esta inquietud es compartida por los gobiernos autonómicos. “Hubiera sido deseable —señala el G-9—, que la definición de financiación de las medidas de la LOSU se hubiera producido en coordinación con las universidades”. El G-9 ha solicitado, asimismo, seguridad jurídica en el régimen del personal docente e investigador. En particular, “interesa que quede claro el régimen transitorio, con el fin de que se puedan atender las exigencias del inminente curso 2023/2024”, señalan. 

 

 

Un Foro Nacional para la reforma de la evaluación de la investigación

Joan Subirats, ministro de Universidades, y Juan Romo, presidente de la CRUE y rector de la Universidad Carlos III de Madrid, han inaugurado el Foro Nacional para la Reforma de la Evaluación de la Investigación, cuyo objetivo es convertirse en un espacio de trabajo y reflexión conjunto con todas las universidades, donde compartir ideas y buenas prácticas sobre la reforma de la evaluación de la investigación y en el que las universidades serán el elemento vertebrador de la Ciencia, y generadoras del 70% de la producción científica que se realiza en España. Tiene como objetivo estimular una mayor conexión entre el sistema público de producción de conocimiento y las necesidades de la sociedad y, a la vez, fomentar la creatividad y la innovación, que es la razón de ser de la investigación. El ministro Subirats ha celebrado la creación de este foro considerando que “los espacios y los momentos para la pausa y reflexión, como los que nos ofrece este foro, son un privilegio. La reforma de la evaluación de la investigación nos encuentra en un momento de una cierta efervescencia. Se trata de una cuestión muy relevante que afecta al núcleo de nuestro sistema universitario”.