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Investigadores o administradores…

  • Antonio Vicente Ferrer Montiel

  • Editor de SEBBM

En los últimos años la gestión económica de los proyectos de investigación se ha venido complicando de forma progresiva tanto para los investigadores como para el personal de administración de las Instituciones perceptoras, hasta llegar a ser una tarea ardua que consume una abrumadora cantidad de recursos. Si bien la gestión del dinero público ha de ser responsable y debe ser auditada para asegurar su correcta ejecución, la falta de una legislación específica destinada a la gestión económica de los proyectos de I+D+I está resultando ser una actividad frustrante para muchos investigadores, que a menudo invierten más tiempo en esta tarea que desarrollando los objetivos científicos propuestos y alcanzando los hitos previstos en sus proyectos. 

 

En mi opinión, dos han sido los procedimientos administrativos que han complicado sobremanera la gestión presupuestaria de los proyectos desde 2018. Por una parte, la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que impuso a las Instituciones gestoras un limite en el máximo gasto en contratos menores por proveedor para la compra de todo tipo de suministros de laboratorio, incluidos los necesarios para el desarrollo de los proyectos de I+D+I. El máximo gasto permitido por proveedor ha sido particularmente sangrante en el caso de los reactivos y consumibles requeridos para la ejecución de las tareas contempladas en el plan de trabajo, ya que éste se alcanza en poco tiempo obligando a los investigadores a buscar alternativas para adquirir los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos. Aunque no disputo que esta ley era necesaria para cumplir con las directrices europeas, si cuestiono que los legisladores no analizarán los distintos sectores de aplicación y las consecuencias que podía tener, especialmente en un ámbito tan importante y estratégico como los programas de I+D+I. Hubiera bastado con reconocer la singularidad en la ejecución de los proyectos de investigación e imponer el máximo gasto por proyecto en vez de por institución, ya que estas pueden llegar a gestionar cientos de proyectos simultáneamente. Paliativamente, se ha conseguido parchear el impacto negativo de la norma en la ejecución de los proyectos de I+D+I gracias a la firma de acuerdos marco de las Instituciones con algunos proveedores y al uso empresas de distribución, aunque esto normalmente encarece el coste de los productos. No estaría de más que los legisladores actuales tomarán conciencia de este serio obstáculo normativo y lo corrigieran para permitir una mayor agilidad la gestión presupuestaria de los proyectos de I+D+I, sin menoscabo de la transparencia y control para una administración responsable de los fondos asignados a estos.

 

El segundo de los procedimientos esta siendo la avalancha de requerimientos de subsanación que están recibiendo las Instituciones gestoras de los proyectos de I+D+I de convocatorias anteriores, normalmente de hace 5-6 años. En algunos casos, y hablo de los recibidos por la Universidad en la que desempeño mi labor docente e investigadora, se ha venido a disputar hasta el 90% de los gastos imputados al proyecto, desde el pago de las nóminas al personal investigador con cargo al proyecto, a la relación que tiene el uso de enseres de laboratorio con las tareas descritas en la memoria técnica del proyecto. En mi opinión, resulta inconcebible que no se permita imputar gastos en desinfectantes o guantes o mascarillas. Recordemos que muchos laboratorios utilizan microorganismos y/o sustancias tóxicas que requieren el uso de estos enseres para protegernos, otros proyectos los necesitan para proteger las muestras biológicas. Su uso esta estrictamente relacionado con las actividades del proyecto y no tiene que ver con su función actual como consecuencia de la pandemia Covid (hace 5-6 años no existía). También se discute el uso de reactivos y/o consumibles para los que exige que el investigador aporte el motivo de la necesidad. Esto resulta inaudito por dos motivos: (i) los reactivos y consumibles están justificados en el presupuesto de los proyectos aprobados por una comisión de evaluación científicotécnica; y, (ii) en los informes científico-técnicos intermedios de los proyectos se exige la justificación de aquellos gastos no contemplados en la solicitud original. Dichos informes intermedios y finales son revisados, valorados y aprobados por los coordinadores y colaboradores en la evaluación y seguimiento de los proyectos. Sorprendentemente, no parece que en el proceso de auditoría se tengan en cuenta estos dos documentos que debieran bastar como justificación. 

 

Los investigadores no nos oponemos a que existan controles para el uso responsable de los fondos públicos, pero muchos tenemos la sensación de que el procedimiento de auditoría establecido parece estar más dirigido a recuperar la mayor parte de fondos ejecutados que a valorar su uso responsable por parte de los investigadores. Como consecuencia, cada vez hemos de dedicar más tiempo a aspectos administrativos y económicos, y menos a la creatividad y la producción científica y su traslación social. A pesar de estos obstáculos mucho ha sido el progreso conseguido por nuestros investigadores considerando la baja financiación de los programas de I+D+I en la última década, en clara desventaja con nuestros colegas internacionales. Los legisladores actuales deberían reconocer y asumir de una vez que la ciencia es un activo imprescindible para el progreso y futuro del país, y debieran establecer los procedimientos que permitan aprovechar de forma eficiente la magnifica materia gris que tenemos, contribuyendo a pavimentar una sólida I+D+I que permita el progreso de nuestro bienestar social y económico… ¡despierten ya!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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