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Cuando el resto avanza más rápido

España ocupa el puesto 16 de 27 en el ranking de innovación de la Unión Europea, dos posiciones por detrás que un año antes, según recoge el European Innovation Scoreboard 2021, publicado por la Comisión Europea. España no consigue avanzar en la convergencia con la UE-27 (en 2021 se sitúa en torno al 85% de la media europea, igual que un año antes) y repite su puntuación en el índice sintético europeo, viéndose adelantada por Eslovenia, Italia y Malta, que mejoran su puntuación, y superando a Portugal, que la empeora. 

  • Ismael Gaona Pérez

“Nos cuesta muchísimo converger con países europeos, y no es que no estemos avanzando, sino que los demás avanzan más”. Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación COTEC, resumió de forma honesta el estado de ánimo de la ciencia e innovación española en comparación con el de los socios europeos y que de forma periódica refleja el European Innovation Scoreboard 2021

 

Y le asiste la razón a la que fuera ministra de Ciencia e Innovación (2008-2011) del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, porque el susodicho informe, impulsado por la Comisión Europea, ha puesto de manifiesto que, a pesar de los esfuerzos de nuestro sistema de I+D+i por llegar a unas calificaciones propias de una economía desarrollada, nuestro país parece anclado en un necesita mejorar permanente. Todo apunta a que seguirá ocupando este papel de actor secundario. “España será la potencia económica europea que más tiempo tardará en recuperarse de la crisis. O, al menos, en volver a los niveles de Producto Interior Bruto (PIB) per cápita previos al Covid. Pero no sólo eso, sino que además será el segundo país avanzado del mundo al que más le costará”, ha subrayado la OCDE en un informe reciente. 

 

Pero vayamos al grano. Según el European Innovation Scoreboard 2021 nuestro país ocupa el puesto 16 de 27, cayendo dos posiciones con respecto a los indicadores manejados en 2020. Y aquí hay un detalle que no debemos dejar pasar por alto: nos adelantan en el ejercicio pasado Eslovenia, Italia y Malta. “España no consigue avanzar en la convergencia con la UE-27 (en 2021 se sitúa en torno al 85% de la media europea, igual que un año antes) y repite su puntuación en el índice sintético europeo”, manifiesta el informe.

 

Esto quiere decir lo siguiente: España se mantiene dentro del tercer escalón europeo, entre los países considerados moderados por su nivel de innovación; y un año más, y valga aquí el símil deportivo, nos quedamos a las puertas de ascender de categoría, la de país innovador fuerte. 

 

¿Merecido? Pues, no; porque esta posición global no responde a la situación economica de un país como España. Cuatro países con menor renta per cápita (Chipre, Estonia, Eslovenia y Malta) han obtenido una mayor puntuación en el ránking por su esfuerzo en innovación. Por ello, es más que conveniente que la flamante ministra de Ciencia, Diana Morant, le de una pensada al destino, los objetivos y la gestión de los fondos públicos que anualmente se destina a la I+D+i vía presupuestaria. 

 

El ministro saliente, Pedro Duque, comentó en su discurso de despedida que bajo su mandato se había “aprobado el presupuesto más grande de la historia para la ciencia y la innovación y el del año que viene promete ser aún más alto”. Habrá que comprobar si esa lluvia de millones tiene los efectos deseados. 

 

Pero profundicemos en el European Innovation Scoreboard, que experimenta algunos cambios metodológicos porque si en 2020 se componía de 27 indicadores, clasificados en 10 grupos, en 2021 se compone de 32 indicadores clasificados en 12 grupos. Básicamente estos cambios obedecen a la voluntad de Bruselas de incorporar en el índice dos prioridades básicas de la política económica europea: la transición digital y la transición verde. Y en líneas generales, España se encuentra por encima de la media europea en 10 de ellos, en la media europea en uno y por debajo de la media europea en los 21 restantes

 

Desgranando uno a uno los indicadores, España obtiene los peores resultados en empleos de innovación, inversión pública en I+D, apoyo gubernamental a la I+D privada, registro de patentes o inversión privada en I+D. En particular, llama la atención el mal comportamiento de indicadores como las exportaciones de servicios intensivos en conocimiento (72% por debajo de la media), pymes innovadoras de producto (71% por debajo) y también pymes que realizan innovaciones de proceso (68% por debajo).

 

España solo se sitúa por encima de la media comunitaria en 3 de los 12 grupos de indicadores que componen el índice. Y aquí donde sacamos buena nota es en el bloque de digitalización (puesto 5 de 27) . También supera la media comunitaria en capital humano, donde el indicador de graduados con doctorado se encuentra un 65% por encima de la media y la población con educación superior, un 46% por encima. También sacamos buena nota en sostenibilidad ambiental debido a la productividad de los recursos. El informe demuestra cómo el avance es demasiado lento porque incluso sacando buena nota en los indicadores nuevos –digitalización y sostenibilidad– España pierde posiciones.

 

La percepción ciudadana y la escucha activa

Más de ocho de cada diez españoles reclaman a los poderes públicos que intensifiquen los esfuerzos por la investigación científica y tecnológica del país. Esta es una de las principales conclusiones que se extraen de la décima Encuesta de Percepción Social de la Ciencia, un informe realizado en 2020 por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) que analiza cómo ve la ciudadanía la I+D+i nacional. Las conclusiones de la Encuesta se han presentado agrupadas en seis bloques: interés por los temas científicos y tecnológicos; imagen de la situación de la investigación científica y tecnológica en España; ciencia y tecnología en medios de comunicación; uso de terapias sin evidencia científica; robotización e inteligencia artificial y cambio climático. El 80 % cree que los gobiernos autonómicos deberían aumentar la inversión destinada a la investigación Entre los resultados que arroja la encuesta destaca que una amplia mayoría cree que se debería invertir más en ciencia y tecnología en todos los niveles de la administración pública y las empresas privadas. Esa demanda es mayor hacia el Gobierno de España, sostenida por el 85 % de la población. El 80 % cree que los gobiernos autonómicos deberían aumentar la inversión destinada a la investigación, junto al 71 %, que cree que debería hacerlo las administraciones locales y las empresas privadas. En cuanto al interés por temas de ciencia y tecnología, el estudio revela que cerca de una de cada siete personas (14 %) manifiesta de manera espontánea interés por los temas de ciencia y tecnología, una proporción parecida a quienes expresan interés por la economía (16 %), la educación (15 %) y el medio ambiente (10 %). Este dato es similar al interés detectado en la encuesta realizada en el año 2018 (16 %).

 

 

NECESITAMOS MEJORAR

Los motivos de esta situación son de sobra conocidos. Como ya indica el estudio de la UE, la inversión pública y privada en España en I+D es todavía deficiente. Mientras que la media europea se sitúa en el 2,13% del PIB, España alcanza el 1,25%, un porcentaje que evoluciona al alza pero muy lentamente (2019). No obstante, las cifras del 2020 son sensiblemente “mejores”, ya que la inversión española en I+D (2021) se aceleró hasta aproximarse al 1,47% del PIB, según estima la Fundación COTEC para la innovación a través de su indicador adelantado. De confirmarse este cálculo, el peso del conocimiento en la estructura productiva del país habría crecido 0,22 puntos porcentuales en un solo año, un porcentaje lejos del objetivo del 2% que se había marcado España para el 2020 y todavía más del objetivo del 3% que había fijado la Unión Europea para este mismo año (finalmente se quedó en un 2,18%). 

 

Según datos de COTEC, la inversión en I+D en el primer año de la pandemia superaría los 16.000 millones de euros, un nuevo máximo en la serie histórica, que acumula seis ejercicios en positivo. A esta inversión en conocimiento habrían contribuido tanto el sector público (por cuarto año consecutivo) como el privado (sexto). Pero el reparto ha sido muy desigual. De estos 16.000 millones de euros, cerca del 44% procedió de financiación pública (el resto fue de empresas privadas), lo que equivale a unos 6.550 millones de euros. Es una cifra que no ha recuperado los niveles precrisis.

 

 

OTRO HANDICAP: ESCASA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Por otro lado, la ejecución presupuestaria deja mucho que desear. La Intervención General del Estado (IGAE) publicó el pasado 31 de marzo los datos de ejecución presupuestaria del sector público estatal correspondientes a 2020. Y, de nuevo, suspendemos. En su análisis, se dejan algunos datos relevantes: en 2020 se incrementó, por tercer año consecutivo, el volumen total de recursos efectivamente empleados en la Política de Gasto 46 (Investigación, Desarrollo e Innovación) por parte de los distintos ministerios y organismos con competencia sobre esta materia, hasta los 3.667 millones de euros, 38 millones más que en 2019. El incremento, no obstante, fue sensiblemente inferior a los registrados en 2018 (251 millones) y 2019 (353 millones).

 

El incremento acumulado es, por lo tanto, de 642 millones de euros si se compara con el valor de 2017, el mínimo observado en la serie temporal desde que la IGAE ofrece datos (año 2000). Estos recursos adicionales efectivamente ejecutados se dividen a partes iguales entre gasto no financiero (324 millones de euros) y gasto financiero (318 millones de euros). Sin embargo, un año más se observa una importante brecha entre los recursos presupuestados o disponibles (7.044 millones de euros,) y los finalmente ejecutados (3.667 millones). De esta manera, la tasa de ejecución presupuestaria del conjunto de recursos disponibles –financieros y no financieros- se sitúa en el 52,1%, la mayor desde 2016 (49,4%). “La burocracia y las elevadas condiciones para acceder al crédito hacen que los fondos públicos no sean atractivos para las compañías. Es un fenómeno que lleva sucediendo los últimos años”, ha subrayado Xavier Ferràs, profesor en Esade especializado en políticas de innovación en una entrevista a La Vanguardia.

 

UNA DÉCADA PERDIDA

Según señala COTEC, en 2009 se registró el nivel máximo de inversión efectivamente ejecutada en la política de I+D+I por parte del sector público estatal: un total de 8.476 millones de euros, un 81,6% de lo presupuestado ese año. Se repartía en 4.589 millones de euros correspondientes al gasto no financiero y 3.877 millones de euros en gasto financiero. Durante los años posteriores, se desplomaron tanto los presupuestos asignados a I+D+I, como su aplicación efectiva, lo que explica que los niveles actuales de inversión sean muy inferiores. En la comparación directa con los datos de 2009, el presupuesto en 2020 fue un 32% inferior (3.316 millones de euros menos), mientras que los recursos efectivamente empleados fueron un 57% menores (4.796 millones de euros menos). “El año 2021 puede acelerar la recuperación de los niveles de inversión del sector público estatal en la política de I+D+I iniciada en 2018, debido al fuerte incremento presupuestario contemplado para esta Política (5.288 millones de euros adicionales, una parte importante de los cuáles forman parte de Next Generation EU), como al hecho que este aumento se destina íntegramente a las partidas de gasto no financiero”, subraya el informe.

 

Entretanto, la presidenta de la Fundación COTEC, Cristina Garmendia, ha incidido en la importancia de la colaboración público-privada para avanzar en la transformación digital y en la innovación. Según Garmendia hay que impulsar estas alianzas “sin demagogias” porque “es la única manera de llegar lejos” en materia de desarrollo. “Solo podemos hacerlo de manera colaborativa”, ha sentenciado, opinando que las empresas van “por delante” y deben “ayudar” trabajando en base a los principios del bien común, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia.

 


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