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José Manuel Pingarrón Carrazón. Secretario General de Universidades

“No podemos obligar a las universidades a ejercer su propia autonomía”

José Manuel Pingarrón es Secretario General de Universidades. Licenciado en Ciencias Químicas y Doctor en Ciencias por la Universidad Complutense de Madrid, es autor o coautor de más de 390 artículos científicos en revistas internacionales, 32 capítulos de libro, 2 libros de texto y 10 patentes de invención. Desde hace dos años, es la mano derecha del Ministro Castells y hoy es el encargado del desarrollo de la política universitaria en coordinación con el Consejo de Universidades y la coordinación de las relaciones con las comunidades autónomas en materia universitaria, a través de la Conferencia General de Política Universitaria. 

  • Ismael Gaona

¿Ha habido un antes y un después en nuestra Universidad después de la Covid-19?

Sí claro, obviamente, ha habido un antes y un después de la Covid-19. Y hemos aprendido a hacer las cosas de otra manera. Desde aquí, tengo que agradecer públicamente a todo el personal de la universidad, al PDI, al PAS y a los estudiantes su comportamiento durante ese paso acelerado de la docencia presencial a la docencia virtual. Nadie nos lo esperábamos. Ese comportamiento ha sido, yo diría, muy notable en la gran mayoría de las ocasiones, con algún fallo como no podría ser de otra manera; pero en general, podemos estar todos satisfechos de cómo hemos afrontado esta situación nueva para todos. Además, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la digitalización de nuestros procesos y el potencial de la enseñanza virtual.

 

¿Es el mayor reto al que se ha enfrentado desde que llegó al cargo en 2018?

Evidentemente, no me he enfrentado yo solo. Se han enfrentado las universidades. Desde aquí, lo único que podíamos hacer era procurar consensuar y no hemos podido hacer más porque las universidades tienen autonomía de funcionamiento y dependen, a su vez, de las comunidades autónomas, y estas tienen las competencias en materias de Sanidad. Por lo tanto, desde el Ministerio lo que hemos intentado hacer ha sido consensuar las diferentes recomendaciones para que se garantizaran las actividades académicas. Pero, en realidad, los retos los han afrontado las universidades, no el Ministerio. 

 

En el Decálogo, propuesto por la Fundación COTEC, para cambiar la Universidad, se pone el foco en cómo nos afecta y afectará la revolución digital en la adquisición de conocimientos, y sugiere que la universidad debería someterse a cambios profundos para adaptarse a estos cambios, ¿comparte este sentimiento? ¿Cómo cree que será la universidad del futuro? 

Creo que la universidad del futuro será eminentemente híbrida. La presencialidad en las universidades, y más en el sistema español, es una característica fundamental porque la enseñanza universitaria no es tan solo aprender las materias que corresponden, sino el contacto con compañeros y profesores. En fin, ese contacto social que marca más en las vidas que el mero aprendizaje de las materias. Luego la presencialidad tiene, por ello, un valor intrínseco que es, desde luego, muy importante. Pero lo que hemos aprendido de la pandemia, como he dicho antes, es que las herramientas digitales, la enseñanza virtual, pueden ser complementarias en muchas ocasiones porque tienen que ver con la mejor formación de los estudiantes. Y, desde luego, una enseñanza obvia, es que estas herramientas digitales, esta enseñanza virtual, son y serán en el futuro las herramientas fundamentales para lo que llamamos la formación permanente a lo largo de la vida no solo de los estudiantes, sino de toda la población en general. 

 

 

Háblenos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de las respuestas a los retos que se nos avecinan. En líneas generales, díganos cuál es su espíritu y los elementos de mejora con respecto a la LOU.

La LOU es una Ley que (tenía) tiene 20 años y que tuvo su parte positiva, pues en la reforma de 2007 se adecuó al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), lo cual era un reto importante y que ya se ha afrontado. Pero es verdad que hay algunas debilidades en las universidades que queremos mejorar con esta LOSU. Por ejemplo, el capítulo de la autonomía universitaria. Queremos que las universidades se autoorganicen como ellas quieran, en facultades, departamentos, institutos, etcétera. Esto es muy importante, como también la organización de sus enseñanzas siempre y cuando, obviamente, tengan los requisitos mínimos de calidad que aseguran las agencias de Calidad. 

 

Por otra parte es evidente que, durante la última década, ha habido una disminución en la financiación pública de las universidades. Mientras que en 2009 el gasto público fue de 10.500 millones de euros, en 2019 ha sido de 9.800 millones de euros. Y aunque ha habido un ligero aumento en estos dos últimos años, es cierto que en 2019 no habíamos alcanzado el nivel de financiación de 2009. En este sentido, todo el mundo está de acuerdo que hace falta mejorar este sistema de financiación. Y para ello proponemos un modelo basado en tres vectores: financiación estructural, por objetivos y por necesidades singulares, que cada universidad deberá pactar con su comunidad autónoma.

 

El vector fundamental de financiación de esta Ley es una disposición que ya está aprobada y que dice que durante esta década habrá un pacto entre el Estado y las Comunidades Autónomas para alcanzar como mínimo el 5% del PIB en gasto público de Educación y de ahí, evidentemente, el porcentaje que le corresponda a la Educación Superior. Creemos que ésta es la senda, que nos llevará a un gasto asimilable a los países de nuestro entorno y reduciría la brecha existente, lo que nos permitiría acudir a financiar mucho de los retos de la LOSU y a las Universidades disponer de autonomía financiera. Luego, hay un tercer bloque que es intentar eliminar algunos de los problemas que tienen las plantillas de PDI, como el envejecimiento. Queremos que los profesores y profesoras se estabilicen bastante antes porque no tiene sentido que lo hagan con 50 años. No tiene sentido. Hay que rejuvenecer las plantillas. Y, por otro lado, hay que ofrecer una carrera académica clara, estable y perfectamente definida. Que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer al entrar para estabilizarse al cabo de seis años, que es esa carrera que proponemos en la nueva Ley. Y atacar algunas bolsas de precariedad que existen en las Universidades españolas para darle una cierta equidad al sistema. 

 

Hay voces críticas que, precisamente, apuntan a la insuficiencia de esta Ley Orgánica. ¿Qué puntos en común tiene, por ejemplo, con la Ley de la Ciencia, entendiendo que la Universidad es el principal nicho de investigación de nuestro país? ¿Cómo los PGE podrá mantener la tensión investigadora?

Efectivamente, en las Universidades se hace entre el 60 y el 70 por ciento de la producción científica del país. O sea, que somos un vector fundamental en la I+D+i del país. Y con el Ministerio de Ciencia, que digo siempre que es un ministerio hermano, hay una coordinación absoluta entre los dos ministros y entre los equipos ministeriales, de tal manera que nuestra carrera académica es perfectamente compatible con la carrera investigadora que está el Ministerio haciendo a través de la reforma de la Ley de la Ciencia. Tenemos reuniones quincenales para que no haya ningún tipo de problema. La coordinación es excelente como digo. Por otro lado, el aumento en el impacto presupuestario de la I+D+i en España es algo que está absolutamente diagnosticado desde hace mucho tiempo por todos los actores habidos y por haber. Claro que es necesario aumentar la inversión en I+D+i en España y, por tanto, también en las Universidades, que son un actor fundamental del sistema del conocimiento. Ahora bien, lo que tienen que hacer los Presupuestos Generales del Estado es mantener en el tiempo esta tensión en el aumento en la inversión, como han hecho el resto de los países de nuestro entorno. Evidentemente, habrá un pico provocado por los fondos europeos de recuperación, pero luego habrá que mantener el tono —quizá no en la misma intensidad porque será imposible— para que haya un crecimiento sostenido. Lo importante no es que haya un boom de inversión para luego bajar, sino que ésta se mantenga. 

 

Ha comentado en alguna intervención que la Universidad debe dar respuesta a los retos de manera inmediata. ¿La burocracia puede matar este deseo?

Estamos intentando, precisamente, con la LOSU y con el Real Decreto 822/2021 de Organización de Enseñanzas Universitarias, que ya está en vigor, reducir la burocracia al máximo. Es cierto que todos los procesos de verificación de la calidad de un título requieren una serie de pasos que están ya dados por las agencias de Calidad y que son los mismos pasos que establece el EEES. Es verdad que se pueden reducir, mucho y nos hemos comprometido a que la verificación de un título de grado se haga en un periodo máximo de seis meses y cuando sea una renovación de la acreditación se haga en un plazo de cuatro meses. De tal forma, que las universidades puedan responder a los retos de la sociedad con estos nuevos grados o con las modificaciones de los grados actuales en un tiempo razonable. Por otro lado, la formación permanente será extremadamente importante: la posibilidad de impartición de microcredenciales, la posibilidad de tener menciones duales, itinerarios abiertos, programas con innovación docente de tal manera que las Universidades respondan con prontitud a los retos de la sociedad. 

 

El Personal Docente Investigador (PDI) disminuye, está muy envejecido, y trabaja donde ha hecho la tesis normalmente. Hábleme de movilidad, de facilidades. ¿Cree que se atajará la endogamia actual con más información, como la de un portal con un registro transparente de todas las plazas que ofertan las universidades o los institutos de investigación?

La gran mayoría del PDI no cambiaría su puesto de trabajo por un trabajo en otro sitio, porque, entre otras razones, es una profesión muy vocacional, y entre los que nos dedicamos a la investigación es muy vocacional y a la potencia que usted quiera. Es cierto que hay muchas mejoras que hacer. No tiene sentido que la edad media de los doctores sea de 42 años, no es lógico que la gente se estabilice más cerca de los 50 que de los 40 o que haya profesores que su único medio de vida es la enseñanza en la universidad y cobren un salario de 500 euros por dar 180 horas de clase. Ese tipo de situaciones sin lógica nos han venido dadas por todas las crisis que hemos concatenado y que han hecho que los recursos hayan disminuido año tras año en vez de aumentar como ha ocurrido en otros sitios.

 

Si somos capaces de darle esa carrera académica, bien establecida, con normas claras, donde todo el mundo sepa cómo y qué tiene qué hacer, donde las comisiones de contratación no estén tan excesivamente perfiladas por los departamentos, donde haya una mayoría de miembros externos de la universidad que aporte una cierta garantía, que los concursos se hagan como deben hacerse, creo que la suma de todo esto generará confianza en la sociedad sobre cómo elegimos a nuestro profesorado. Dicho esto, me gustaría detenerme en el asunto de la endogamia, porque creo que hay cosas que se confunden. Y le pongo este ejemplo: imagínese que en mi grupo tengo a una persona que ha acabado una tesis doctoral en mi grupo. La acaba y se va dos o tres años a Estados Unidos y allí aplica a una plaza, por ejemplo, del Programa Ramón y Cajal. La obtiene y se vuelve a la universidad. Al final, por los criterios de contabilización, este señor está siendo profesor en la misma universidad donde leyó la tesis. ¿Usted cree que es esto endogamia? Pues yo creo que no. 

 

 

El informe CYD para 2020-2021 subraya en el capítulo de la autonomía universitaria que no todas las universidades españolas tienen la misma manera de hacer frente a sus opciones estratégicas y de modelo de aportación de valor. ¿Tiene contemplada la futura LOSU este escenario?

Precisamente, y como ya he dicho antes, una de las razones fundamentales de la LOSU es aumentar el grado de autonomía de las universidades. Y no quiero que esto sirva de crítica, pero es que incluso con la ley actual las universidades ya tienen margen suficiente para ejercer su autonomía en muchas de las ocasiones. Pero hay que ejercerla. Y esto supone periodos y procesos de negociación con la comunidad universitaria muchas veces complicada. En ningún sitio, por ejemplo, se dice que los estatutos no puedan proponer algunas de las medidas que actualmente nos piden que pongamos en la ley. Eso, incluso con la LOU se puede hacer. Pero bueno, para reforzar esa autonomía se dice en la LOSU que serán los estatutos y, por tanto, el claustro, que es quien hace los estatutos, los responsables de la autoorganización de las universidades.

 

Es decir, ¿autonomía?, por supuesto que sí. ¿Autonomía financiera? Por supuesto que sí, y dentro del marco normativo en el que estamos. Las universidades están financiadas por las comunidades autónomas y lo que se establece en la LOSU es un marco general para ese tipo de financiación (que tiene que venir obligatoriamente por las comunidades autónomas), porque es así nuestra división competencial: el estado pone el marco general, las comunidades autónomas los desarrollan y las universidades tiene autonomía para, una vez pactado con las comunidades autónomas, desarrollar sus políticas.

 

Pero, por ejemplo, las universidades tienen dentro de los recursos materiales que poseen autonomía para diseñar sus políticas de PDI. Y no todas las universidades han tenido una misma política de PDI, ni todos los equipos rectorales la tienen. Hay una parte de autonomía que ya la tienen y la pueden ejercer. Y, como digo, el vector transversal de la ley es que las universidades puedan ejercer su autonomía sin obligarles a que la ejerzan. Eso lo tienen que hacer ellas. 

 

 

El peso o protagonismo de las asignaturas de Bioquímica y Biología Molecular en los grados universitarios. La opinión general entre los bioquímicos y biólogos moleculares es que van perdiendo protagonismo en los grados en favor de asignaturas cada vez más específicas ¿Cómo se ve esta tendencia desde la secretaría general? ¿Considera que hemos de ir a una formación cada vez más especializada en detrimento de una formación más integral consolidada por asignaturas troncales?

Esto un claro ejemplo de la autonomía que hablábamos. Y lo que decimos es que los grados tienen que ser generalistas y los másteres especializantes. Eso es lo único que decimos. Y a partir de ahí, cada universidad tiene autonomía para el diseño de sus planes de estudio que, obviamente, deben pasar, para su aprobación, por el control de la agencia de Calidad correspondiente. Nosotros no podemos decirle a una universidad como debe ser el plan de estudio de Bioquímica, porque eso es responsabilidad de cada universidad; y son los decanatos, las facultades correspondientes, quienes diseñan esos planes de estudio. Luego esos planes los aprueban los consejos de gobierno de la Universiada y, una vez aprobados, pasan a la agencia de Calidad para ver si se adecuan a lo que se demanda en los principios el EEES. Cuando la agencia de Calidad informa favorablemente, lo que hace el ministerio es decir: lo acuerdo y lo pasa en título oficial. Pero nosotros no nos inmiscuimos en absoluto en la competencia exclusiva de la universidad del diseño de sus planes de estudio. Eso es autonomía universitaria. Si una universidad decide hacer unos planes de estudio de una manera, y otra universidad lo hace de otra, es su responsabilidad y su competencia. Por lo tanto, jamás entraremos a decir cómo tienen que ser los planes de estudio. Insisto en lo dicho antes; los grados son generalistas y los másteres son especializantes. A partir de ahí, qué asignaturas vayan y en qué orden, esto corresponde únicamente a la universidad y al control de la agencia de Calidad. 

 

Se están cada vez más estimulando los programas de captación de talento nacionales (Ramón y Cajal o Ramón de la Cierva) e internacionales europeos (Marie Curie) para incorporar Personal Investigador de Excelencia. Aunque estos programas tienen un elevado éxito, nos encontramos con el problema de que la estabilización de estos investigadores en nuestro sistema universitario pasa por una justificación docente, quedando su talento investigador relegado a segundo término a la hora de su estabilización, ¿Cuándo se considerará que la universidad necesita dotarse de buenos docentes y de buenos investigadores? ¿Para cuándo la figura del investigador universitario? 

Esperemos que sea desde ya, porque una de las cosas que digo cuando explico la LOSU es que queremos que haya PDI: personal que imparta docencia y haga investigación, que no solo haya personal docente o personal investigador. En este sentido, una de las cuestiones que mantenemos en la LOSU y que contempla la Ley de la Ciencia es esa reserva del 15% de las plazas de profesorado permanente para aquellos investigadores que provienen de programas de excelencia autonómicos, nacionales e internacionales. 


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