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La Ley Castells... ¡se resiste!

La futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) no cuenta con todos los respaldos esperados. Los rectores de las Universidades Públicas, estudiantes, sindicatos, etc, consideran que el texto está muy lejos de la modernización tan ansiada de la institución. El Ministerio intenta pulir aún más las diferencias en su contenido, pero el problema, según entienen los afectados, seguirá latente. Su titular, Manuel Castells, asegura que el texto llegará al Congreso con el mayor consenso posible. 

  • Ismael Gaona

 

Palitos a las ruedas de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que, pese a llegar en un momento en el que es necesario afrontar los nuevos retos de la sociedad del conocimiento y, a la vez, superar los efectos de la crisis económica de 2008 provocados por las limitaciones presupuestarias y las tasas de reposición (SIC, Moncloa), no termina de convencer a rectores, estudiantes y personal académico. La denominada Ley Castells parece que no ha tenido la respuesta unánime que se esperaba y desde que se presentara el Anteproyecto de Ley en Consejo de Ministros a finales de agosto, las reticencias hacia el texto normativo han ido en aumento porque según entienden los afectados “esta nueva Ley no va a zanjar de una vez por todas el problema de modernización que arrastra la Universidad Española”. ¿Y cuáles han sido los dos últimos portazos a la Ley? Pues el protagonizado por los rectores a través de la CRUE, y el de los propios estudiantes. El ministro Castells, prolijo en declaraciones y apariciones públicas, ya ha anticipado que la LOSU llegará al Congreso con “el máximo consenso posible”.

 

PORTAZO DE LA CRUE

La futura LOSU se ha presentado como la herramienta normativa que pondrá fin a la precariedad o la falta de innovación, y mejorará la gobernanza en las Universidades y, precisamente, los primeros responsables de las instituciones académicas, los rectores, han sido los últimos en ponerles voz a las carencias de un texto que, según el presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, les ha llegado poco afinado. Sí, afinado, y al parecer poco consistente con el que supuestamente se maneja desde el Ministerio, según ha llegado a comentar el rector de la UIB, Jaume Carot. 

 

 

En la última reunión de la CRUE con el ministro, el propio Gómez Villamandos subrayó que el órgano de coordinación de los rectores de las universidades públicas españolas se negaba a emitir un informe preceptivo para aprobar la Ley dado que “el proyecto de la LOSU no es lo suficientemente innovador para el nivel de transformación socioeconómica que requiere España”. 

 

En concreto, el presidente de la CRUE planteó posponer la elaboración del informe preceptivo, pues el anteproyecto de Ley ha sufrido varias modificaciones sustanciales desde su aprobación por el Consejo de Ministros en agosto, sobre todo en lo que se refiere al capítulo de gobernanza. “No se puede emitir un informe sobre algo que no se tiene”, ha llegado a afirmar el propio Carot en una entrevista concedida a la agencia de noticias Europa Press días después de la reunión, en la que Gómez Villamandos fue el único rector que hizo uso del turno de palabra en la reunión del Consejo. 

 

Villamandos agradeció a Castells la convocatoria del Consejo de Universidades, pero le ha mostrado la “frustración” de los rectores ante un texto supuestamente reformador que esperaban con “optimismo e ilusión” y que ahora ven que “no es lo suficientemente innovador para el nivel de transformación socioeconómica que requiere España”. 

 

Para Villamandos, “la necesidad de mayor autonomía y financiación para internacionalizar, modernizar y hacer más competitivas a las universidades no ha sido abordada con decisión”. “Las universidades podemos y queremos ser más eficaces y eficientes, y cuentan con unas comunidades dispuestas a afrontar retos. Pero para ello es necesario contar con una mayor autonomía académica y de políticas de personal, así como una financiación adecuada, que garantice la suficiencia financiera de cada universidad, algo que debe quedar recogido en el articulado de la ley”, ha valorado el presidente de la CRUE. 

 

 

“Echamos de menos que no se incorporen a la ley los nuevos retos sociales que las universidades hemos venido asumiendo, como el emprendimiento, la mejora de la empleabilidad, la sostenibilidad o la atención al despoblamiento”, ha comentado Gómez Villamandos, también rector de la Universidad de Córdoba. 

 

Entre tanto, los rectores no se han quedado de brazos cruzados. Por ejemplo, los máximos responsables de las Universidades catalanas rechazaron de pleno el texto de la norma porque, lejos de dar alas a las universidades públicas, les pone palos a las ruedas por su “exceso de reglamentación”. 

 

Consideran que ni aporta flexibilidad y autonomía como los rectores habían solicitado ni deja libertad en aspectos en los que el sistema universitario catalán había avanzado, como los grados de tres años o la contratación de personal por la vía laboral. Por ello han hecho llegar al ministro Castells un documento en el que piden una ley de bases que cree un marco de actuación, y deje mayor autonomía a las universidades. Sobre el texto del documento remitido, concretamente, por la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), el propio Castells ha comentado que “tras analizarlo vimos que el 90% de lo solicitado está ya en la ley”. 

 

 

Tampoco está dispuesta a quedarse de perfil la Universidad de Sevilla, que, a través de su rector, Miguel Ángel Castro, espera aprobar una declaración en el claustro mediante la cual se defienda la autonomía de este órgano de gobierno (formado por 300 personas), una reivindicación que incluye la potestad de seguir eligiendo al máximo representante universitaria. 

 

 

ESTUDIANTES EN LA CALLE

Las asociaciones estudiantiles que acuden a las reuniones (CREUP y CEUNE) fueron los últimos agentes del sistema universitario que se echaron a la calle (al menos hasta el cierre de esta edición), un día después de que la Comisión de Universidades del Congreso aprobara el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria (LCU), tras el pacto alcanzado entre ERC, PSOE, PNV y Podemos, por la que se elimina la mediación como método prioritario para resolver los conflictos. La queja, tanto por parte de los estudiantes como de los rectores, es que la norma aprobada cambia sustancialmente lo acordado tras meses de negociaciones.

 

La comunidad educativa apostaba por una ley que priorizara la mediación en lugar de por un modelo sancionador que no mejora el reglamento de 1954, a pesar de que el ministro de Universidades insiste en que se deroga una norma franquista de 1954 y permite que los conflictos se resuelvan conforme a los principios democráticos. Como acto de protesta, las concentraciones y paros se desarrollaron en veinte ciudades de doce comunidades autónomas, en donde “más de un 50 % del estudiantado ha seguido la huelga y las protestas han rondado entre las 40 y las 400 personas, con la excepción de Sevilla en las que han sido unas 2.000 personas”, según la CREUP. “Estamos satisfechos con las movilizaciones, sobre todo con la poca antelación que hemos tenido para trabajar. Nos planteábamos esto como un inicio simbólico de un ciclo de protestas y vamos a continuar si la situación sigue como hasta ahora”, ha añadido. Efectivamente, “el estudiantado ha hablado y ha salido a la calle para reclamar que se les escuche y tengan en cuenta”, tal y como ha señalado la vicesecretaria del CEUNE, Laura Alcaide. “Nos hemos movilizado para mostrar nuestro rechazo al contenido de la LCU y la LOSU, porque sin el estudiantado no hay universidad”. 

 

 

Los estudiantes llevan “mucho tiempo” reclamando una “nueva perspectiva que no deje de lado a su estudiantado” en la LOSU. Para los estudiantes, la LCU, que era un proyecto consensuado con los sectores de la comunidad universitaria, ha sufrido “una gran modificación en el Congreso” que “repercute en los mecanismos de medicación comunes para las universidades españolas, posibilitando que puedan generarse desigualdades entre universidades y mermando los derechos del estudiantado”. 

 

Durante las manifestaciones, las primeras que se convocan contra Castells, los universitarios han exhibido grandes pancartas en las que se podía leer En defensa de la universidad que nos merecemos”, Por una universidad pública, democrática y de calidad, Por la universidad que queremos o No a la LOSU, no a la LCU. Por ello, la vicesecretaria del CEUNE espera que el poder legislativo decida “cambiar el rumbo” de ambas reformas. “De lo contrario, continuaremos reclamando y mostrando nuestro desacuerdo en todos los foros que nos sean posibles”, advierte. Pero además de la LCU, los estudiantes denunciaron que la LOSU no servirá para mejorar la participación del colectivo en los órganos de gobierno, por lo que reclaman que su representación sea de al menos un 30% de los miembros o que las elecciones a rector o decano sean por sufragio universal, sin aplicarse ponderaciones. También es objeto de críticas el hecho de que no garantice el acceso a la educación superior -solicitan que las tasas sean gratuitas al menos en el primer curso o que las becas no incluyan requisitos de rendimiento académicoy reclaman mejoras en términos de docencia como una evaluación continua real, formación en determinadas metodologías como requisito o una mayor regulación de las prácticas externas. Sin olvidar la eliminación de la tasa de reposición para facilitar la carrera del profesorado y evitar la temporalidad. 

 

Por su parte, el sindicato CSIF ha expresado también su preocupación por los “cambios inaceptables” introducidos en la futura LCU y advierte de que las enmiendas “dinamitarán” la posibilidad de un marco común para el sistema universitario en España.

 


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