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Diana Morant quiere poner luz a la zozobra investigadora

Las protestas de los investigadores afectados por la nueva reforma laboral, que entrará en vigor el 30 de marzo, no ha perturbado el ánimo conciliador de la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien ya se ha apresurado en aventar una solución transitoria para los más de 25.000 investigadores cuyos contratos están en un limbo al estar vinculados a proyectos bajo la modalidad de obra y servicios. Dice la valenciana que la futura Ley de la Ciencia pondrá luz sobre ellos. 

  • Ismael Gaona

Al cierre de esta edición, el anteproyecto de la futura Ley de la Ciencia, que reforma el texto validado en 2011 (Ley 14/2011), aún no había pasado el corte del Consejo de Ministros, antes de su paso por el Congreso para su aprobación. Tampoco se había arrojado luz a la situación de los miles de contratos bajo la modalidad de obra y servicios que se han visto afectados por la nueva reforma laboral, que entrará en vigor este 30 de marzo y echó los dientes con polémica incluida. Solo queda, a día de hoy, los buenos propósitos de la nueva ministra de la cosa, la valenciana Diana Morant, y dejar sobre palio su deseo de “ofrecer una carrera investigadora digna y estable”.

 

La incertidumbre, pues, sigue latente y, pese a que la reforma de la Ley 14/2011 avanza tras pasar el umbral de la información pública hacia la materialización de lo ya comentado por Morant, los rectores de las universidades públicas españolas siguen apretando para que los ánimos de la comunidad investigadora no decaigan. En la universidad pública española se produce el 70% de la ciencia del país, por lo que piden coordinación para evitar impactos negativos, entre otros la parálisis del 60% de los contratos actuales o, lo que es lo mismo: 25.000 en toda España. Son conscientes de la tensión que genera el limbo que ha provocado el Gobierno y sobre el que ahora, al parecer, el Ejecutivo planea intervenir. Los rectores nunca se habían opuesto a la reforma laboral. Sí que habían comentado públicamente que las dos leyes deberían ir de la mano de forma coordinada para evitar este colapso laboral. Por ello, y como medida transitoria, la CRUE solicitó al Gobierno que el Ministerio de Hacienda emita una instrucción antes de del 31 de marzo que permita suscribir los contratos como hasta ahora y poner en práctica los contratos por actividades científico-técnicas no sujetos a la tasa de reposición. 

 

Pero no han sido solo los rectores quienes han enviado señales sobre esta futura dificultad. Colectivos como FPU Investiga van más allá en sus reivindicaciones. Subrayan que la futura ley está pendiente de responder a cuestiones como la elaboración de un estatuto propio para el colectivo (que regule sus derechos como trabajadores), la modificación de las retribuciones mínimas y el desarrollo de la carrera profesional para el personal técnico y de gestión.

 

Cuestiones que, según apuntó José Manuel Pérez (FPUI), deben ser tratadas con urgencia son “la integración de todo el personal de investigación dentro de los convenios colectivos de referencia, la reversión de las externalizaciones de los servicios básicos de las universidades y centros de investigación, frente a lo que reclaman un modelo de contratación directa que garantice tanto el mantenimiento de sus plantillas como el cumplimiento de los derechos laborales de su personal”.

 

En el mismo medio, Santi Rello, de Ciencia con Futuro, nuestra el camino al ministerio. “Hay que perseguir un modelo de ciencia que sea coherente para todos los investigadores y para todo el personal de investigación, a través de un anteproyecto de ley que esté bien alienado con la actual Ley del Sistema Universitario y que no abra puertas a excepcionalidades en la aplicación de la reforma laboral que supongan discriminación o pérdida de derechos para el sector de la investigación”. La eliminación de la tasa de reposición es otra de las reivindicaciones centrales, “para que todo el sector pueda crecer y estabilizarse”, dado que la juventud de buena parte de las fundaciones hace difícil la contratación de personal indefinido si se mantiene este límite

 

 

MORANT, EN CALLE

Es probable que la nueva ministra de Ciencia se haya enfrentado a un toro al que nunca quiso lidiar su antecesor, Manuel Castells. Morant es más de calle, más directa, y, probablemente, más empática y didáctica. De ahí que la ex alcaldesa de Gandía se haya apresurado a intensificar sus apariciones públicas para darle blanco a la negritud del panorama que vislumbran (esperamos no llegar a fecha) los afectados. Lo dicho, porque incluso resulta curioso que días antes de la aprobación de la reforma laboral la ministra Morant haya decidido someterse a la lupa de los medios para testear y responder a estas y otras cuestiones. Es de agradecer que en sus intervenciones, solo haya hablado de Ciencia y de política científica. 

 

De forma calculada y mostrando su lado más cercano, la ministra subrayó que todos esos contratos afectados por la normativa no caerían en saco roto. Y así, filtró que la reforma de la Ley de Ciencia reconocerá finalmente indemnizaciones con carácter retroactivo para los investigadores con contratos vigentes predoctorales y posdoctorales al finalizar su contrato, fruto de la negociación con los sindicatos de investigadores. El mantra de dar “estabilidad” a este tipo de carreras en España, para que los científicos y científicas no se tengan que ir a otros países a desarrollar sus tareas, actuaba como lluvia fina. En una entrevista en Radio Valencia Cadena SER, la ministra señaló que se trata de un gran salto que va a dar el sistema científico. “También vamos a reforzar el programa de excelencia, con un itinerario claro que permita un proyecto de vida claro con una carrera científica”, señaló a preguntas del director de la cadena en la Comunidad Valenciana, Bernardo Guzmán. 

 

QUÉ PROPONE LA REFORMA DE LA LEY DE LA CIENCIA

El texto que reforma la Ley de Ciencia de 2011 pone sobre la mesa la creación de un nuevo contrato indefinido para los investigadores y el personal técnico que no necesitará autorización previa, y un nuevo itinerario profesional encaminado a construir una carrera investigadora estable.

 

El anteproyecto tiene tres objetivos muy claros: crear una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia de conocimiento a la sociedad y mejorar la gestión de la I+D+i. Y así, una de las principales metas del texto es lograr la estabilidad laboral y reducir la edad de entrada al sistema de I+D+i y la endogamia y, para ello, se aumenta la vigencia del contrato posdoctoral de acceso a una duración de entre 3 y 6 años (hasta ahora era de 1 a 5 años) en las universidades y organismos públicos.

 

Además, los contratos limitan a un máximo de 100 las horas de docencia en las universidades y recogen, por primera vez, el derecho a la indemnización equivalente a doce días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año. Una de las principales novedades de estos contratos es que los investigadores posdoctorales serán supervisados a partir del segundo año de trabajo, una evaluación que servirá para promocionar o mejorar el salario pero no para ser despedido.

 

En esa evaluación el investigador podría conseguir también el certificado R3, que exime de algunas de las pruebas requeridas para conseguir una plaza en un Organismo Público de Investigación (OPI) y da preferencia en las ofertas públicas de empleo (el 15% de las plazas de universidad estarán reservadas para los que tengan el R3 y el 25% en el caso de los OPI). Para reducir la precariedad y la temporalidad que afecta a los miles de investigadores y el personal técnico contratado en centros de investigación y universidades, el borrador incorpora un nuevo contrato indefinido que no está sujeto a tasa de reposición, es decir, si cuenta con financiación externa no necesitará una autorización previa.

 

La burocracia es otro de los problemas con los que deben lidiar los investigadores en el día a día. En este sentido, la ministra ha incidido en que “el sistema científico debe reconocer la excepcionalidad de su forma de trabajar”. “Lo ideal sería que las leyes de contratos y subvenciones cambiaran, porque son leyes que constriñen. Estas leyes son para luchar contra la corrupción, pero nos tratan a todos como presuntos corruptos y acaban impidiendo que hagamos investigación”, ha señalado. Ya se han adoptado algunas medidas para mejorar la burocracia y eliminar trabas, como elevar de 15.000 euros a 50.000 euros el mínimo de los concursos o suprimir la fiscalización previa, ha añadido. 

 

 

VOCES CRÍTICAS

Uno de los análisis más actuales del texto del anteproyecto de la reforma de la Ley de la Ciencia aparece en el informe Comentarios al Anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, cuya autora es Clara Eugenia Núñez, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.

 

En su artículo, Nuñez se muestra muy crítica con el texto que, a su entender, “no cumple el objetivo que él mismo se marca: mejorar la competitividad del sistema español de ciencia, tecnología e innovación (SECTI)”. En su opinión, el anteproyecto es una modificación poco ambiciosa de actual Ley que regula en excesivo detalle cuestiones que podrían derivarse a un reglamento interno y no entra en profundidad en otras de mayor calado. “Se desaprovecha así una buena oportunidad para introducir las reformas que serían necesarias para acercar nuestro marco legal al de los países con sistemas de ciencia e innovación más potentes, potenciando así la capacidad de nuestro sistema de ciencia de atraer y retener talento, generar conocimiento y establecer relaciones fructíferas con el sector productivo”, ha aclarado la autora. La autora subraya que el anteproyecto no hace ni una reforma en profundidad del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que le permita ser competitivo, ni de los mecanismos de elaboración de las políticas de I+D, “reformas que le han reclamado durante años la comunidad científica, y en concreto la COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España), en especial a través de los Informes de la Comisión Decides, y la propia sociedad (Informes COTEC)”. “Sigue la estela de políticas tradicionales basadas en la regulación y no introduce ni las medidas imprescindibles ni los incentivos adecuados para su buen funcionamiento y consolidación. El marco institucional que propone esta Ley no sólo no elimina las barreras existentes, sino que introduce nuevas rigideces que elevan los costes a los agentes, investigadores y empresarios, y dificultan su capacidad de establecer una relación fluida, estable y fructífera a medio y largo plazo, y de aprovechar las oportunidades de colaboración y de financiación que ofrece el sistema público de ayudas a la investigación, nacional y europeo”, ha subrayado.

 

Por su parte, la COSCE ha celebrado que el borrador de la nueva Ley de la Ciencia incorpore algunas de sus recomendaciones pero tacha de “insuficiente” su grado de ambición y valora que el borrador mantenga el programa de ayudas para contratos Ramón y Cajal, la escala de Científicos Titulares en los Organismos Públicos de Investigación (OPI) y la figura contractual del ‘tenure track’, aunque sobre esto último, considera que “aún está insuficientemente perfilada”. 

 

Asimismo, las sociedades científicas celebran que se reconozca en el texto la “excesiva burocratización del sistema”, aunque lamentan que no detalle medidas efectivas para paliarla. “Sin embargo, estas recomendaciones incluidas en la modificación de la Ley, no compensan la insuficiente ambición en su formulación, desaprovechando la oportunidad de dotar a nuestro país de un instrumento imprescindible para el progreso y alcanzar el nivel de compromiso necesario con la ciencia”. El análisis que realiza la COSCE sobre el anteproyecto de Ley advierte también sobre «amplios aspectos» que, según la Confederación, deberían haberse modificado de la Ley actual, de 2011. En cuanto a los efectos de la Ley, a pesar de reconocerse en su exposición de motivos que “la política científica, tecnológica y de innovación se erige, actualmente, como una de las políticas públicas de mayor relevancia en el ámbito nacional e internacional”, la norma no establece los mecanismos para que dicha relevancia política sea efectiva ni se articulan mínimamente las vías de implicación social en la ciencia bajo el principio de “investigación e innovación responsable”, expone COSCE. 

 

En lo que respecta a la innovación empresarial y ciudadana, se aborda, “pero muy superficialmente”, su regulación y se mantienen exclusivamente vinculadas a los centros públicos. En el ámbito más concreto del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), las sociedades científicas apuntan que la modificación no atiende sus problemas estructurales, entre ellos “el déficit en financiación, la endogamia, los científicos expatriados, la burocratización, la falta de planes plurianuales, la falta de planificación, o el sistema de información”. “Esta Ley debería proporcionar a los centros de investigación un marco de gestión coherente con su actividad y dotar al sistema universitario de una política unificada en cuestiones tan sensibles como la gestión de personal. Es una modificación en la que prima la óptica de las OPIS estatales, lo que acarrea inconsistencias e indefiniciones en el articulado”, añaden.

 

Por tanto, la COSCE considera que “la reforma de la Ley no consigue establecer suficientemente un marco a la altura del compromiso necesario de nuestro país con la ciencia”, y esperan que el Pacto de Estado por la Ciencia logre los consensos suficientes para elaborar una “Ley de la Ciencia adecuada, coherente y duradera”. 


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