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Reforma, reforma…

  • Antonio Vicente Ferrer Montiel

  • Editor de SEBBM

Terminaba mi editorial anterior con un breve comentario sobre la reforma laboral aprobada por el gobierno en diciembre y su impacto en el sistema de I+D+i. Si bien hemos que aceptar su intención de estabilizar a los trabajadores y corregir la cronificación de la temporalidad (por cierto, ampliamente usada por los organismos públicos), hay que censurar que se haya aprobado un texto que ha ignorado que el sistema español de I+D+i está sustentado por una financiación temporal. Dar estabilidad laboral con la provisionalidad de los fondos de I+D+i es paradójico y quimérico. De haber incorporado la particularidad de nuestro sistema de I+D+i, y la realidad de la gran mayoría de los grupos de investigación, probablemente, se hubiera consensuado una norma más acorde con las necesidades del sistema y evitado el previsible impacto negativo. 

 

Como suele ocurrir con nuestros gobernantes, las carencias originales se intentan subsanar reformando otra ley que flexibilice la primera y dé respuesta, al menos parcial, al desaguisado inicial. Y así tenemos el Real Decreto-ley 8/2022 por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la contratación laboral del sistema español de I+D+i. Este Real-Decreto-ley introduce, en su artículo 23 bis, el carácter indefinido del contrato de actividades científico-técnicas. Hay que reconocer que este tipo de contrato favorece aquellos investigadores que concatenaban contratos por obra y servicio que tenían de presentarse reiteradamente a convocatorias de selección de candidatos. Facilitar la estabilidad laboral de jóvenes investigadores y técnicos puede ayudar a promover su continuidad en los grupos de investigación abriéndoles una oportunidad para el desarrollo de su carrera profesional. En este sentido, el artículo 23 bis, supone una corrección de la reforma laboral, aunque sin la financiación pertinente del sistema español de I+D+i me temo que solo va a maquillar la temporalidad de los contratos.

 

Un golpe evidente de ambas reformas proviene de la derogación del contrato por obra y servicio. Esta modalidad ha sido ampliamente usada por los grupos de investigación para ayudar económicamente al personal en formación cuyo contrato de formación ha concluido o no se ha resuelto, para que puedan continuar sus estudios de doctorado. Ya hemos visto las primeras víctimas de esta normativa, estudiantes en formación cuyos contratos han expirado en el primer semestre de 2022 y que necesitaban unos meses para alcanzar el grado de doctor. En mi opinión, el artículo 23 bis no es incompatible con mantener el derogado contrato por obra y servicio, que resulta enormemente útil para cubrir periodos sin financiación de los investigadores en formación y para el desarrollo de contratos de I+D+i ocasionales. Se puede pensar que el contrato indefinido por actividades científico-técnicas se puede utilizar para la contratación temporal de jóvenes investigadores. Al fin y al cabo, con provisionar el coste del despido se cubren los aspectos legales de la reforma laboral. Sí, pero ¿no una forma de prevaricación o, como mínimo, éticamente cuestionable hacer firmar un contrato indefinido a un joven investigador sabiendo que a los tres meses hay que despedirlo? Por una parte, se nos obliga a conocer y cumplir con el código de buenas prácticas científicas que es el pilar fundamental para una ciencia responsable; y, por otra, se nos obliga a “engañar” a los jóvenes investigadores con un contrato indefinido con una fecha de caducidad, que lo único que hace es compensarles con una indemnización por despido que, paradójicamente, previamente se les ha retenido de su salario ya que los presupuestos de los proyectos no han aumento para cubrirlos… Reformar a coste cero es una práctica extendida entre nuestros gobernantes…que pague otro.

 

Un problema previsible y nada desdeñable de la reforma laboral aplicada a los proyectos del plan nacional vendrá de la ejecución de los costes de indemnización para aquellos investigadores contratados que concatenen varios proyectos de I+D+i. ¿Qué ocurrirá cuando finalice el periodo de ejecución de un proyecto y no se hayan ejecutado los fondos de indemnización del contrato? ¿Hay que devolver dichos fondos al organismo financiador como se hace con otras partidas presupuestarias no ejecutadas? ¿Cómo se va a justificar este gasto no realizado? Si esta partida presupuestaria se devuelve al organismo, ¿Quién va a suplir los fondos de indemnización por despido del contrato? Al final, igual resulta que es más práctico despedir a los investigadores y volver a contratarlos para que puedan cobrar la indemnización que, como he dicho antes, se le ha detraído de su salario mensual. Como en tantas ocasiones, en España se legisla de cara a la galería, sin considerar las consecuencias a los colectivos implicados y dañando siempre a los mismos. Esperemos que nuestros políticos entiendan que un sistema de I+D+i más sólido requiere cuidar a todos sus actores y aspectos. Necesitamos con urgencia un pacto por la ciencia con una apuesta y compromiso serio de todos los partidos políticos que proteja a nuestro sistema de I+D+i de los vaivenes electorales y le dote de una financiación estable que permita su fortalecimiento y afiance su contribución al bienestar económico y social. 

 

 

 

 


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