A+ A-


Federico Moran Abad. Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular Universidad Complutense de Madrid

“España no ha afrontado de verdad la transformación del sector de educación superior de acuerdo con las nuevas demandas sociales”

 

Licenciado en Química en la Universidad Complutense de Madrid, Federico Morán ha desarrollado su campo de estudio en torno a la Biofísica y la Astrobiología (fue miembro fundador e Investigador Senior del Centro de Astrobiología INTA-CSIC desde su fundación hasta 2012), en especial la autoorganización bioquímica, la evolución molecular y el origen de la vida. Fue Director Adjunto del Instituto Nacional de Bioinformática de 2004 a 2011. Es miembro de diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales, así como miembro fundador de la Sociedad de Biofísica de España. Desde 2012 hasta febrero de 2015 fue Secretario General de Universidades.

  • Ismael Gaona

Señor Morán, permítame una pregunta para romper el hielo y que guarda relación con el contenido que ofrecemos en el espacio Política Científica. Investigamos bien, publicamos mejor… pero tenemos un problema a la hora de hacer transferencia. Dígame qué le pasa a España.

En efecto hay una brecha entre los buenos resultados de investigación de nuestros grupos y la transferencia de estos al sector productivo, creación de empresas, productos, servicios, etcétera. No es un problema que se manifieste solo en España. Lo que llama la atención es la notable brecha que hay entre nuestro puesto en investigación, el décimo en el mundo, y nuestro puesto en transferencia que nos sitúa por encima del treinta. Es un problema estructural, creo yo y como tal afecta a muchos planos de la realidad política, económica, organizativa y cultural de la sociedad española. Por tanto, las soluciones tienen que plantearse a medio y largo plazo y no mediante parches con toda la buena fe con que se pongan. Resumiendo, hay que producir cambios profundos en el sistema productivo para que realmente demande conocimientos e innovaciones avanzadas, hay que producir cambios profundos en la investigación científica pública para que sepa responder a las demandas sociales y del tejido empresarial y para ello necesitamos introducir profundos cambios en el ordenamiento y competencias tanto en el sector público como en el privado. La realidad es que la alianza entre la empresa y la universidad o no existe o no es suficientemente transformadora. En definitiva, se necesita cultura de emprendimiento. Cosa que está aumentando en nuestro país, pero va despacio. Se necesita un entorno empresarial de base tecnológica, que también esta creciendo, pero también va lento. Hay que señalar que este “entorno” no es homogéneo en España. Hay regiones donde se concentran empresas de base tecnológica, donde hay mayor transferencia, donde se crean startups de universidades y centros de investigación por encima de la media. Mi impresión es que vamos mejorando en esto, vamos creciendo, pero todavía nos queda.

 

 

Hace casi 10 años fue nombrado secretario general de Universidades. ¿Cómo ha cambiado nuestra universidad pública en esta década?

Pues esencialmente no ha cambiado mucho. La universidad tanto pública como privada se sigue rigiendo por las mismas leyes orgánicas que no han cambiado y que en mi opinión no facilitan una transformación real que podrían afrontar las universidades si no tuviesen este corsé normativo. Es algo en lo que he reflexionado mucho y coincido con muchos analistas, entre otros los informes de la Conferencia de Consejos Sociales. Sí es cierto que la universidad ha sufrido en estos 10 años una transformación digital. La universidad ha sabido responder como nadie al reto impuesto por la pandemia de la Covid 19. Esto demuestra que, cuando se le pide un esfuerzo y se le deja hacer, la universidad española responde. Eso es lo que quería decir antes: desregulemos y dejemos que las universidades respondan de diferentes maneras a esta necesaria transformación para convertirse en referentes del Siglo XXI. La autonomía universitaria debería llegar a cada universidad para no escudarse siempre en la “ineficiencia o incomprensión” de la esfera política o económica. 

 

En la publicación La gobernanza de la Universidad, ya se subrayó que la reforma de la Universidad debía realizarse para hacerla más flexible: sus normas de gobierno, gestión o contratación por parte de las universidades. ¿Por qué cuesta tanto cambiar la Universidad? 

Creo que, en parte, he respondido a esta pregunta en la anterior, pero me gustaría concretar. El Sistema Universitario Español, el SUE, es muy firme, estable y ofrece una formación universitaria de calidad en todos los territorios. Sinceramente creo que en su conjunto y en sus individualidades la universidad española está a la altura del resto de instituciones del conjunto de España. Cada sistema universitario nacional responde a unas expectativas, a unos indicadores y a una trayectoria histórica diferente. Esto es un hecho incontestable. Pero el mundo está cambiando y lo que cabe preguntarse es si España, nuestra economía, nuestras empresas, nuestras administraciones —estatal, autonómica, local— y nuestras universidades han aceptado el reto del cambio profundo y disruptivo al que nos enfrentamos. 

 

Toda transformación tiene problemas, el primero de inercia para seguir como estamos: “si algo va bien, ¿por qué cambiarlo?”. De alguna manera, el sistema se resiste a ser cambiado. Toda reconversión tiene este problema: la inercia a seguir como estamos. Esta reflexión la tomo de un colaborador y buen amigo. En España hemos afrontado desde la transición diferentes reconversiones de sectores estratégicos, pero no se ha afrontado de verdad la reconversión o, si se quiere decir de manera más suave, la transformación del sector de educación superior de acuerdo con las nuevas demandas sociales. Es una asignatura pendiente. Para mí, la transformación de la universidad ha de fundamentarse en la desregulación, en “abrir la caja” de las sucesivas leyes orgánicas de modo que se logre un marco de libertad de acción para que cada universidad, dentro de su responsabilidad, decida cómo funcionar. Esto puede parecer arriesgado, pero es la vía para que las universidades que quieran hacerlo mejor puedan hacerlo. 

 

En este sentido, ha dejado claro que el futuro de nuestra universidad debe estar vinculado a la evaluación. ¿A la evaluación social? ¿A la autoevaluación? ¿A la evaluación de otras universidades?

Es evidente que si se abre la universidad a un marco de mayor libertad, esta ha de venir de la mano de mayor responsabilidad y rendimiento de cuentas. Desde luego que la universidad, especialmente la pública, ha de rendir cuentas a la sociedad. Para ello deben arbitrarse mecanismos de evaluación y control. Este tema no es fácil, aunque hay diferentes propuestas que permitirían hacerlo. Una de ellas pasaría por ampliar la formación y papel de los Consejos Sociales u órganos similares que compartiesen, desde la sociedad, el gobierno de las universidades. Son ideas que habría que concretar y aquí no hay espacio para abrir este debate. Pero es evidente que un marco de mayores libertades ha de venir de la mano de un marco mayor de rendimiento de cuentas, un marco que permita que aquellas universidades que lo hagan bien, mejor, tengan recompensa por ello, por ejemplo, una parte sustancial del presupuesto público vinculado a resultados.

 

 

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha presentado recientemente el nuevo borrador del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Para Subirats se trata de una ley que quiere que las universidades estén más conectadas con la sociedad, que quiere internacionalizar el sistema, pero también se trata de una norma con un “enfoque firme de derechos” que, además, “revaloriza la función docente”, “reduce la precariedad” del personal docente e investigador (PDI) y dota a las universidades de más financiación. Se trata de “una ley que aborde los problemas de hoy y prepare a la universidad para el futuro”. ¿Es una carta a los reyes magos?

En línea de lo que acabo de decir, creo que la LOSU no resuelve los problemas ni afronta la necesaria reforma/reconversión del sistema universitario español. Vamos a cambiar de “caja” pero poco más. Donde estaba la LOMLOU estará la LOSU. No digo que este nuevo proyecto de Ley Orgánica no mejore algunas cosas. Pero sigue regulándolo prácticamente todo. Entre los aspectos que destaca el ministro en la pregunta: reducción de la precariedad, más derechos, más financiación, etc., creo que algunos son acertados, pueden resolver problemas parciales, pero no son la base para una transformación que “prepare la universidad española para el futuro”. Cambia unos escenarios por otros, obviamente con buena intención, pero sustituye unas reglas por otras, no abre la puerta para que unas universidades puedan funcionar con un modelo y otras con otro. Mientras tengamos un sistema donde el mérito no es recompensado, donde predomine el “pan para todos”, no conseguiremos dar el salto a la excelencia universitaria. No se trata de que todas las universidades sean excelentes, ni que todos los profesores sean premios Nobel, se trata de permitir un entorno donde los que quieran diferenciarse puedan hacerlo y, si lo hacen bien, sean recompensados adecuadamente.

 

Háblenos de financiación, uno de los temas más delicados para los rectores. Hoy se establece la obligación de que todas las universidades destinen un mínimo del 5% de su presupuesto a la investigación. Este aumento, ¿va en la línea de lo ya acordado en la LOMLOE de un 5% del PIB de gasto en educación o el 1,25% que plantea la nueva Ley de Ciencia que está tramitándose en el Congreso de los Diputados?

Es un hecho que las universidades, sus rectores, siempre piden más presupuesto. Tal parece que la universidad está infra financiada. Aquí quiero hacer varias consideraciones. Para comenzar, entiendo que nos referimos a las universidades públicas. Todos aceptamos que el presupuesto ha de ser adecuado en función de la dimensión y de la función de una universidad. Si hacemos un estudio de la financiación de las universidades españolas, veríamos que a unas les falta, aunque a otras les sobra. Pero a ver quién les quita a unas para dárselo a las otras. Para comenzar tenemos la cuestión de las autonomías. El gobierno fija en esta ley un porcentaje del PIB, que luego pagan los presupuestos de cada Comunidad Autónoma que tiene transferida la competencia en materia universitaria. No creo que esta medida solucione el problema de la financiación de las universidades y genera un problema presupuestario en las cuentas autonómicas que tendrán que decidir dónde reducir gasto para dárselo a las universidades.

 

La segunda consideración es que no siempre hay una correlación directa entre presupuesto y calidad. Podríamos encontrarnos en que se duplique el presupuesto de una universidad y esto no afecte a su calidad ni a su situación en los rankings. Creo que las universidades públicas deberían ser capaces de financiar mayor parte de su presupuesto como resultado de su propia actividad. Muchas universidades europeas (no solo las británicas) solo reciben financiación de los sistemas públicos en un porcentaje que en muchos casos se encuentra por debajo del 50% del presupuesto total. Y es la propia universidad en el marco de su actuación como tal la que ingresa el presupuesto restante. En el sistema español esto es impensable. Las universidades que más ingresas en este capítulo de actividades propias están en un 20% como mucho (por ejemplo, la U. Politécnica de Madrid). Pero la mayoría se sitúa entre el 10- 15%. Y no hablo de las tasas de estudiantes. Creo que el marco normativo no ayuda a que las universidades españolas, como muchas europeas, puedan autofinanciarse por encima de estos niveles. Este es uno de los aspectos que el nuevo proyecto de ley orgánica no mejora. Es evidente que todo lo que se avance en este camino no irá en detrimento de los fines sociales que las universidades públicas tienen.

 

 

Cómo se puede solucionar el controvertido tema de la endogamia en el reclutamiento del profesorado universitario? ¿Cómo podemos atraer talento a las universidades?

Siempre he pensado que el problema de la endogamia lo tiene que resolver el propio sistema universitario. No se arregla a base de normativa. Porque siempre se encuentran vías para rodearla y esto no es posible en un sistema tan regulado como el nuestro. No hay ninguna norma que impida a una universidad americana contratar un doctor de la propia universidad. Pero no suelen hacerlo. La experiencia les ha enseñado que esta práctica es a la larga mejor. Pues lo mismo debería ser en nuestro sistema: si las universidades españolas de verdad tuviesen una ventaja por aplicar esta norma no escrita, lo harían. Muchos sistemas internacionales creen que el mejor profesorado atrae a los mejores alumnos y los mejores alumnos hacen mejor a la universidad y, además, más útil para la sociedad y más eficaz para el tejido empresarial. El problema es que en el actual sistema no se aprecia esta ventaja, no tiene consecuencias. Es difícil salir de esta situación. No es solo cuestión de pagar más, es cuestión de elegir más libremente sin las ataduras que hoy existen. Me imagino que en un sistema donde la excelencia tuviese un impacto directo en la “nomina” de los profesores, se vigilaría mucho más quien se contrata en un determinado puesto de profesor en un determinado departamento. Este es otro ejemplo de la necesaria reconversión del SUE. 

 

Otra reflexión es que ¿por qué los profesores universitarios tenemos que ser funcionarios? Es un debate que se abrió en la primera ley de reforma universitaria, pero que al final se cerró con el sistema que tenemos. Contratos indefinidos, estables, convenios colectivos, etc., pero no funcionarios. No tiene mucho sentido esto y lo digo yo que soy funcionario desde hace mucho tiempo. Otros países han abordado este cambio y sus sistemas universitarios no se han hundido, es más, han mejorado sus resultados. 

 

¿Tiene sentido crear la figura de investigador universitario para potenciar la actividad y promocionar la investigación universitaria, e incluso desligarla parcialmente de las necesidades docentes? ¿Necesita la universidad que todos los docentes sean investigadores y que todos los investigadores sean docentes?

Este es un viejo planteamiento. Una universidad debe ser investigadora, debe contribuir a crear conocimiento. De lo contrario es evidente que en sus aulas solo se impartirá el conocimiento generado por otros. Creo que esto es evidente. Pero a fuer de parecer reiterativo, si cada universidad pudiese escoger su perfil, su manera de presentarse al mundo, a la sociedad, el equilibrio entre el ámbito investigador y el docente se lograría de manera más natural. El ámbito investigador, el docente y también el innovador. No olvidemos que la universidad debe ser motor de liderazgo innovador. Dicho esto, en una misma universidad podrían coexistir ambas figuras docentes: profesores que no investigan junto con otros que sí lo hacen. Como ya se hace hoy en día, esto debería afectar a la dedicación de unos y otros. Es más, quizás pueda ser interesante el modelo que tienen en otros países donde el investigador cobra parte de su sueldo de los proyectos de investigación. De esta manera se premiaría la dedicación investigadora sin deterioro de la docente. 

 

¿Cree que un pacto de estado por la ciencia de todos los partidos políticos es necesario? ¿Es posible?

Un pacto de estado por la ciencia y por la universidad es necesario y sería justo, aunque ¿es posible? Una reforma del sistema universitario como la que he apuntado anteriormente no sería viable sin un gran acuerdo entre todos, no solo políticos, sino de todo el entorno universitario. Todos los que, desde cualquier partido político, hemos tenido en algún momento responsabilidades políticas en la gestión universitaria, hemos llegado pensando que ese era un ideal, una demanda —la más seria posiblemente— social. Y creo sinceramente que hemos trabajado para lograrlo. Pero…


¿Te ha gustado este artículo? Compártelo en las redes sociales: