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Una ley de la ciencia sin resistencias

Parece que ese Pacto de Estado por la Ciencia tan deseado por todos ha tenido una suerte de ensayo general tras aprobarse en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley por el que se reforma la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

  • Ismael Gaona

Y nos fuimos (volvimos) de vacaciones con una gran noticia. España cuenta, por fin, con una Ley de la Ciencia cuya tramitación fue casi un paseo militar. Tan solo el ruido del PP, que criticó las prisas del Gobierno por aprobar esta ley, así como la falta de negociación para tratar de incluir algunas enmiendas (se refiere al más de centenar presentadas que podrían, a juicio de los populares, haber mejorado en algunos aspectos el texto que se aprobó en el Congreso y que finalmente fue refrendado en el Senado). Finalmente se admitió a trámite una de ellas, a propuesta de los populares, en la Cámara Alta y el texto final volvió al Congreso para su aprobación final en una sesión extraordinaria. 

 

Sin embargo, el posicionamiento del PP (compartido por ERC, Junts, PNV, UPN y Vox), fue duramente criticado por la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, quien acusó a los populares de “tergiversar e instrumentalizar con engaños” a directores de centros de investigación para conseguir su apoyo a la enmienda relativa a la estabilidad del personal investigador. También hizo alusión a las cartas firmadas por el presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE) respaldando la iniciatva del PP. “Es una enmienda que hace peor la Ley de la Ciencia porque nos devuelve a un modelo del pasado en el que los investigadores eran contratados en precario”, ha explicado Morant.

 

 

En estas dos cartas, cuyos contenidos fueron desvelados por el diario El País el pasado mes de julio, los firmantes denuncian que se crearán “falsos contratos indefinidos”, ya que muchos de ellos deberán tener una duración determinada. Además, prosigue Nuño Domínguez, autor del artículo en el prestigioso diario, argumentan que el coste del despido puede llegar a ser el doble con la nueva norma —de 12 a 20 días de sueldo por año trabajado— y que por ley algunos fondos europeos no se pueden usar para pagar finiquitos, lo que les obligará a los centros y universidades a pagarlos con fondos propios. “Esta situación supondrá más gastos para los centros punteros con muchos fondos y también para las universidades, algunas muy depauperadas. Desde hace años estos organismos se han visto obligados por ley a contratar a trabajadores que denunciaban en tribunales su concatenación de contratos, lo que ha supuesto gastos millonarios para grandes centros de investigación como el CSIC”, subraya en el artículo.

 

Pero más allá de este hecho, Morant puso el foco en la importancia de esta Ley ya que dará “impulso a la ciencia y la innovación en nuestro país, conectando nuestro sistema con Europa y con el mundo tras una década de retroceso y recortes, al tiempo que mostró su satisfacción política por lo aprobado

 

Compromiso 1,25%. El capítulo más preocupante es el referente al objetivo de aumentar regularmente el gasto en I+D hasta alcanzar el 1,25% del PIB en 2030. Efectivamente, la nueva ley atiende las peticiones del cuerpo investigador de nuestro país al garantizar una financiación pública, como así sugiere el cuerpo de texto, “estable y creciente” para converger con la media europea. Sin embargo, la situción económica, no solo en España, sino en el contexto internacional obligará, previsiblemente, a ir modulando estos porcentajes. 

 

Fortalezas. Se trata de una reforma incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que está orientada a fortalecer las capacidades del Sistema Público de Ciencia, Tecnología e Innovación de España para mejorar su eficacia, coordinación, gobernanza y transferencia del conocimiento, así como para reducir las cargas administrativas.

 

El proyecto de ley dota de más recursos, derechos y oportunidades al personal del ámbito público de I+D+I, especialmente a los jóvenes; y garantiza por primera vez una financiación pública de la I+D estable y creciente con el objetivo de que alcance el 1,25% del PIB en 2030, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación.

 

Mejora de la carrera científica. Entre las medidas para mejorar la carrera científica y técnica en el ámbito de la I+D+I, el texto recoge una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas y en contratos de I+D+I. Esta contratación indefinida, cuya aplicación se adelantó a través de un Real Decreto Ley, recoge las singularidades del sistema de I+D+I y no está sujeta a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición.

 

Itinerario. El texto aprobado en el Congreso establece un nuevo itinerario posdoctoral que busca reducir la edad de entrada al sistema y facilitar la incorporación estable al mismo. En concreto, la norma diseña un nuevo contrato de hasta seis años, con una evaluación intermedia que conlleva promoción y una evaluación final, que permite obtener el nuevo certificado R3. Este certificado facilitará consolidar una plaza permanente porque se exime de parte de las pruebas de acceso y porque se reserva un mínimo del 25% en las plazas en los organismos públicos de investigación y del 15% en universidades.

 

Derechos laborales. El proyecto de ley también garantiza nuevos derechos laborales a los jóvenes investigadores e investigadoras de nuestro país como una indemnización por finalización de los contratos predoctorales y postdoctorales.

 

Talento y movilidad. La norma también recoge medidas para estimular la atracción de talento a España y la movilidad del personal de investigación, con facilidades para la contratación de personal extranjero y la posibilidad de la doble adscripción en nuestro país y fuera de él. Además, los quinquenios del personal de investigación de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) evaluarán y reconocerán por primera vez todos los méritos de investigación realizados anteriormente en el sector público y en cualquier universidad, tanto en España como en el extranjero. Hasta el momento, los quinquenios solo reconocían la experiencia en los OPIS de nuestro país. Asimismo, la norma redefine el contrato del investigador distinguido para atraer personal científico de prestigio a España.

 

Más reconocimiento. El personal técnico de Organismos Públicos de Investigación adquiere nuevos derechos, como la posibilidad de movilidad profesional, de estancias formativas temporales o de colaboración en empresas tecnológicas. Por su parte, se mandata a las comunidades autónomas para que incorporen categorías específicas de investigador sanitario en su personal estatutario y desarrollen su carrera profesional en términos similares al resto de personal de investigación.

 

Menos cargas adminstrativas. Otro de los ejes del proyecto de ley está orientado a reducir las cargas administrativas del sector de I+D+I. Por ejemplo, en materia de subvenciones públicas, la norma introduce medidas para facilitar tanto el procedimiento de concesión de ayudas como el de justificación por parte de los beneficiarios. Por otro lado, la norma también está orientada a reforzar la transferencia de conocimiento, una de las carencias del sistema de I+D+I español, a través de nuevos mecanismos. Uno de ellos es el reconocimiento del sexenio de transferencia para incentivar el traslado directo del conocimiento y la innovación generados en el sector público a las empresas y a la sociedad.

 

 

Otros mecanismos incluidos en el texto son el desarrollo de la compra pública de innovación y el permiso a las administraciones públicas de invertir y coinvertir en sociedades mercantiles, como hacen los países más avanzados, donde el sector público es un agente emprendedor que invierte y estimula la inversión privada en I+D+I.

 

Agencia Espacial. La reforma de ley también contempla la creación de la Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la Seguridad Nacional, para dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma eficiente los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial y unificar la colaboración y coordinación internacional. Este nuevo órgano se encargará de elaborar una Estrategia Espacial Española y la ley establece que se promoverá que su ubicación se base, entre otros, en principios de cohesión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos y la lucha contra la despoblación.

 

Igualdad de género. La norma aprobada en el Congreso también busca resolver las principales desigualdades de género que persisten en el ámbito de la I+D+I. Para ello, dará por primera vez seguridad jurídica a la igualdad de género en el Sistema de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, asegurando un abordaje dual, donde la perspectiva de género sea eje transversal de los instrumentos de planificación de los agentes públicos en ciencia, tecnología e innovación a la vez que se implementan acciones específicas. Así, los agentes públicos deberán disponer y evaluar anualmente un plan de igualdad de género y de contar también con protocolos frente al acoso sexual y por razón de género u orientación sexual.

 

También se prevé la creación de un distintivo de igualdad de género en I+D+I para los centros que acrediten alcanzar criterios de excelencia en este ámbito, además de la obligatoriedad de implementar medidas para eliminar los sesgos de género e integrar la dimensión de género en los proyectos de I+D+I

 

En este sentido, se garantizará también la igualdad en los procesos de selección y evaluación para quienes concilian y se fomenta el impulso de medidas de acción positiva. Además, se reconoce el papel fundamental de la divulgación científica y la educación para impulsar el cambio sociocultural y fomentar la corresponsabilidad.

 

 


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