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OPINIONES: Reforma de la Ley de la Ciencia

  • Carmen Sánchez Cañizares

  • Vicepresidenta de RAICEX, directora de Relaciones Institucionales en CERU (Científicos Españoles en Reino Unido)

  • Eduardo Oliver

  • Investigador Ramón y Cajal en el CIB Margarita Salas del CSIC. Miembro y cónsul de la SEBBM.

  • María Mayán

  • Investigadora Jefa de Grupo (R4). Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC). CHUAC-SERGAS. Vocal Junta Directiva SEBBM.

  • Perla Wahnón

  • Presidenta de COSCE

  • José Manuel Torralba

  • Vicepresidente de COSCE.

  • Alicia Alonso

  • Secretaria General de COSCE

Carmen Sánchez Cañizares

Vicepresidenta de RAICEX, directora de Relaciones Institucionales en CERU (Científicos Españoles en Reino Unido)

 

Desde la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX) valoramos positivamente la voluntad de cambio hacia la mejora del sis tema de ciencia e innovación español. Esta reforma reúne el esfuerzo conjunto de muchos interlocutores e introduce importantes cambios en materia de estabilidad laboral, financiación, cargas burocráticas, igualdad de género en las plantillas, gobernanza y transferencia del conocimiento. 

 

No obstante, aunque esta reforma representa un primer paso hacia adelante, el sistema de ciencia e innovación español necesita todavía reformas administrativas de mayor calado que persigan solucionar los principales déficits y problemas endémicos del actual sistema de ciencia e innovación en España. Para ello nos falta una inversión pública en I+D+i digna y creciente para que, junto a la participación del sector privado, se afiance un sistema sólido de generación de conocimiento, atractivo y capaz de acoger tanto investigadores extranjeros como nacionales de manera estable en los próximos años, situando a la ciencia y la innovación española al mismo nivel que los países líderes en este ámbito

 

Desde RAICEX defendemos la internacionalización y universalidad de la ciencia. Por tanto, no sólo es necesario atraer y retener talento de manera programada con convocatorias predecibles en el tiempo, sino también garantizar su estabilización y la financiación de las líneas de investigación a medio y largo plazo. Estos programas de financiación pública deberían publicarse y resolverse de manera regular y previsible, facilitando la planificación de la carrera profesional de los investigadores y del personal a su cargo, y asegurando la continuidad de los proyectos en marcha. Asimismo, las ofertas de empleo públicas deberían anunciarse también en inglés y facilitar en este idioma las plataformas y documentos para su solicitud con objeto de facilitar la internacionalización. Además, se necesitan medidas para reducir drásticamente la burocracia y establecer una administración eficiente y ágil que permita una ges tión dinámica y flexible de los proyectos de investigación en todas las instituciones públicas, así como la homologación directa de títulos conseguidos en el extranjero. Y, por supuesto, garantizar salarios dignos y competitivos. En este sentido, esta reforma introduce escasas mejoras para el personal técnico y de gestión, o el salario de los investigadores predoctorales.

 

Por todo ello, aunque es un paso en la buena dirección, creemos que aún queda mucho por hacer. Las distintas sociedades que se integran en RAICEX tienen por tanto una labor fundamental para trasladar al sistema español aquellas políticas que funcionan en otros países, recogidas en el informe ATRAE (Decálogo para la atracción y el retorno del personal Científico e Investigador) y presentado recientemente recogiendo en detalle las demandas de los científicos en el exterior.

 


 

Eduardo Oliver 

Investigador Ramón y Cajal en el CIB Margarita Salas del CSIC. Miembro y cónsul de la SEBBM.

 

La reforma de la Ley de la Ciencia que recientemente ha sido aprobada por una mayoría de los representantes de los ciudadanos en el Congreso de los Diputados debe ser, ante todo, un motivo para congratularnos. Primero, porque por fin ha llegado a buen puerto una reforma, 11 años después de que se publicase la actual Ley, algo que era una auténtica anomalía. La ciencia merece una Ley acorde a sus ritmos y todos sabemos cuanto evoluciona nuestro entorno en una década. Segundo, porque la ciencia ha demostrado ser, una vez más, de las pocas cosas que en momentos de gran polarización, consigue poner de acuerdo a grupos parlamentarios de ideologías dispares. Tercero, porque la norma viene a traer algunas de las novedades esperadas y deseadas desde hace años por un colectivo que adolece de varios males. La inanición a la que la ciencia ha sido sometida durante años bien merece un cambio radical, y mucho más innovador de lo que representa la actual reforma. Sin embargo, como bien dice un buen amigo, lo perfecto es enemigo de lo posible, y por eso, siendo plenamente consciente de que esta reforma no es perfecta, ni mucho menos, yo me declaro agradecido y satisfecho por las novedades introducidas que nos acercan un poco más a lo que una sociedad en pleno año 2022 merece. 

 

Por repasar algunas de las novedades, gracias a esta reforma de la ley, una gran parte del personal investigador, tradicionalmente maltratado por la imposibilidad de optar a contratos indefinidos, podrán gozar de ese derecho que no es otro que el mismo que el de sus conciudadanos. Ni más, ni menos, un derecho que todos merecemos. Y es precisamente en este punto donde el consenso ganado por amplia mayoría, ha llegado a dividir a parlamentarios y a científicos. No sé qué impacto real tendrá en la ciencia, pero desde luego dudo mucho que contar con personal investigador con más derechos laborales llegue a ser tan catastrófico como algunos pintan. Lo que sí tengo claro es que nunca vamos a obtener resultados diferentes si siempre hacemos lo mismo. La reforma marca ahora un porcentaje de inversión que se marca como objetivo al que se debe llegar por ley. No llegar supondrá, no ya una falsa promesa incumplida en un plan estratégico plurianual, sino un auténtico fraude de ley. Veremos si se cumple o no, y qué consecuencias tiene. Esperemos que aquello de “las leyes están para saltárselas” no llegue a esa disposición. Ahora viene lo realmente importante que es ver cómo se ejecuta esta “nueva ley”. Eso, sin duda, será lo que realmente marque una auténtica diferencia. Veremos que ocurre en unos años.

 


 

María Mayán

Investigadora Jefa de Grupo (R4). Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC). CHUAC-SERGAS. Vocal Junta Directiva SEBBM.

 

La aprobación de la nueva Ley de la Ciencia es una muy buena noticia, aunque nos hubiese gustado que fuese más ambiciosa. Tendremos que estar atentos a su aplicación y desarrollo siendo conscientes que es vital aumentar el presupuesto en las principales convocatorias de proyectos de investigación y de recursos humanos de las que se nutren los grupos de investigación tanto desde la Agencia Estatal de Investigación (AEI) como desde el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Por ejemplo, este año el ISCIII ha reducido el presupuesto dedicado a los Proyectos de I+D+i en Salud, contradiciendo el discurso y objetivos que marca la Ministra de Ciencia y la nueva Ley para el desarrollo del sistema de ciencia, tecnología e innovación en el ámbito biomédico. 

 

Entre las nuevas medidas aprobadas, destacaría aquellas orientadas a mejorar las condiciones laborales del personal investigador, aumentar de forma continua la inversión pública, disminuir la burocracia, facilitar la transferencia o garantizar la conciliación familiar y evitar los prejuicios y sesgos de género que generan barreras injustas en el avance de la carrera científica.

 

Es una reforma en la que han trabajo todos los partidos políticos y entre todos la han mejorado. Entre las nuevas propuestas, y en este caso promovida por la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), quisiera destacar la inclusión de un marco de medidas para el desarrollo de la carrera investigadora en el Sistema Nacional de Salud. La inmensa mayoría de personal investigador a nivel hospitalario está subcontratado en Fundaciones Biomédicas que han demostrado mayoritariamente no ser capaces de gestionar recursos humanos precarizando la investigación biomédica hasta límites insospechados. Por primera vez, las comunidades autónomas tendrán que desarrollar una carrera investigadora para todo el personal laboral, investigador, técnico y de gestión y se obliga a equipar los salarios del personal laboral y estatutario.

 

Esta nueva ley no será de utilidad para mantener y mejorar el sistema científico si no se cuenta con un aumento estratégico en la inversión de I+D+i y con gestores que estén a la altura de las circunstancias. Somos conscientes de las tendencias económicas globales y de las crisis y conflictos geopolíticos. Esperemos que hayamos aprendido del pasado y apostemos de forma incuestionable por la economía del futuro, que liderará sin duda aquellos países que lideren en ciencia y la tecnología.

 


 

Perla Wahnón1, José Manuel Torralba2 y Alicia Alonso3.

1Presidenta de COSCE.

2Vicepresidente de COSCE.

3Secretaria General de COSCE.

 

El pleno extraordinario del Congreso de los Diputados aprobó el pasado día 25 de agosto la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Durante el proceso de aprobación en el Legislativo, COSCE elaboró un documento para el congreso con dieciséis enmiendas de las cuales tres de ellas, además de la de los investigadores hospitalarios, han sido recogidas en la ley aprobada en el pleno del Congreso. Han quedado sin aprobar algunas de las enmiendas más importantes para el desarrollo de las políticas científicas. 

 

La nueva Ley supone una mejora del sistema de ciencia, ya que recoge varias de las reivindicaciones históricas de los científicos como son: aumentar regularmente el gasto público hasta alcanzar el 1,25% del PIB en 2030, reestructuración de la carrera investigadora, lo que supone avances en varios aspectos de la carrera científica, contribuir a retener y atraer talento, y, algo muy importante, disminuir la excesiva carga burocrática que padece el sistema científico español. 

 

Además del indispensable compromiso de la ejecución presupuestaria (cuyo porcentaje es claramente insuficiente comparado con la media europea) y de la imprescindible necesidad de la reducción real de la burocracia que permita tener una administración ágil y eficiente, es necesario entre otros, garantizar la financiación basal de los grupos productivos, la reposición generacional según las necesidades reales, la adecuada retribución del personal investigador en comparación a los investigadores de otros países europeos, de manera que permita la lógica incorporación del talento investigador en nuestros centros de forma competitiva...

 

Por tanto, estas medidas propuestas no resuelven los problemas permanentes de la Ciencia en España. La ley sigue siendo insuficiente para el desarrollo y progreso del país y no sitúa a la ciencia en el centro de las políticas científicas, aunque la ley reconozca en la exposición de motivos la relevancia de la política científica dentro de las políticas públicas, tal como expusimos en el Informe COSCE: https://www.cosce.org/docs/informe_COSCE_sobre_modificacion_ley_ciencia_2022.pdf.

 

Con la ley aprobada, la ciencia de nuestro país no se coloca a la altura de las ciencias de las economías europeas más competitivas, lo que puede generar costes económicos y sociales para el país a medio y largo plazo. Queda aún mucho trabajo por hacer con el desarrollo de la ley. En la COSCE estaremos atentos y prestos a contribuir.

 


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