Arrancó el curso universitario y no hubo discurso inaugural por parte de los rectores que no hiciera mención a la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo proyecto de Ley fue aprobado por el Consejo de Ministros y que, a día de hoy, se encuentra en trámite parlamentario con unas 800 enmiendas en la mochila. No obstante, ha sido el ministro de Universidades, Joan Subirats, quien recientemente ha puesto fecha a su publicación en el BOE. “Nuestro objetivo sería que antes de final de año pueda ser aprobada en el Congreso de los Diputados. Luego pasaría al Senado, que debería empezar su tramitación en febrero. Si todo fuera como yo quisiera, podría quedar aprobada en marzo del 2023”, ha subrayado. El propio Subirats confía en que no haya problemas de última hora y ha reconocido públicamente que el principal reto es “conseguir 176 votos”. 

 

Entretanto, siguen siendo numerosas las voces que se han ido sumando a la valoración del proyecto de Ley, algunas de ellas, como las del sindicato CSIF, dudando de su aplicación al considerar que los incrementos presupuestarios del Ministerio no son coherentes con la realidad. “El presupuesto del Ministerio de Universidades para 2023 alcanzaría los 442 millones de euros —incluyendo fondos europeos— lo que supone una variación del 2,6% respecto a 2022. Para CSIF las partidas son escasas e insuficientes y no cubren las necesidades del Sistema Universitario Español lo que denota la falta de interés o de voluntad política por la universidad española. Y esta situación no se arregla señalando que en el proyecto de LOSU se propone un futuro pacto Gobierno y Comunidades Autónomas para llegar al 1% del PIB”, han subrayado desde el sindicato.

 

La propia portavoz de Universidades del PP, María Jesús Moro, en un artículo publicado en Aula Magna con el título LOSU: ¿La Universidad que necesitamos?, denuncia que “la falta de realismo de quienes la han diseñado comienza por su inexistente memoria económica, que solo cifra el impacto presupuestario de la reforma en 52,14 millones de euros. En esta misma publicación, el rector de la Universidad de Cádiz señalaba, en cambio, que “se necesitan 2.500 millones para ponerla en práctica. No sé si esta última es la cifra correcta, pero sí que la de 52,14 millones está muy lejos de los costes de la reforma para las universidades y las comunidades autónomas”. En este sentido, el propio ministro ya ha apuntado que para conseguir que la nueva norma funcione, “habrá que contemplar compensaciones presupuestarias a las comunidades autónomas para que nazca con una financiación adecuada”.

 

Los Consejos Sociales de las Universidades también se han pronunciado, precisamente, ante el propio ministro. En unas jornadas organizadas por el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra en colaboración con la Conferencia de Consejos Sociales, Miguel Ángel Acosta, secretario general de esta entidad, reprochó a Subirats que, “si bien la actual redacción del proyecto ha supuesto avances significativos respecto al anteproyecto”, hay cuestiones centrales en las que no se han producido progresos. Entre ellos citó la necesidad de establecer mecanismos para que los Consejos influyan más en el diseño de los títulos académicos. Sea como fuere, el proyecto sigue adelante, tras salvar tres enmiendas a la totalidad, y como así ha comentado el propio ministro. “Si uno ve qué apoyos ha tenido este Gobierno en los últimos tiempos, puede llegar a imaginar el tipo de composición mayoritaria que esperamos conseguir”, aseveró, para quien también resulta fundamental el consenso de las comunidades autónomas.

 

 

EL RESUMEN DE LA LEY

La futura LOSU tiene por objetivo modernizar e introducir una serie de mejoras en el funcionamiento de las universidades españolas: consecución de una Universidad de calidad, accesible, equitativa e internacionalizada. Además, la LOSU busca conseguir una Universidad capaz de generar, desarrollar, difundir, transferir e intercambiar conocimiento al servicio de la sociedad y que contribuya al desarrollo económico sostenible. Por otra parte, también se pretende garantizar que los recursos humanos y financieros del sistema universitario sean adecuados y suficientes para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas la Universidad. 

 

 

Eliminación de la precariedad. Dignifica las condiciones laborales del profesorado asociado convirtiendo sus plazas temporales en indefinidas, medida de la que se beneficiarán más de 25.000 profesores asociados y que supondrá una reducción de la temporalidad del sistema universitario, pasando del 40% que fija la ley actual al 8%. Esta estabilización conlleva la mejora de las condiciones laborales del personal docente e investigador, garantizando derechos por antigüedad, derechos a complementos salariales y otros. Se incorporan otra serie de medidas para que el profesorado temporal pueda acceder y promocionar en la carrera académica, mediante el reconocimiento de su experiencia docente en algunos concursos a ayudante doctor o el fomento contratos predoctorales para quienes quieran incorporarse a la carrera académica. Asimismo, se recupera el valor original de la figura de profesor asociado, limitando su docencia a un máximo de 120 horas lectivas. También se incorpora la figura del profesorado sustituto cuya finalidad exclusiva es la de sustituir al PDI con derecho a reserva de puesto de trabajo que suspenda temporalmente sus servicios. De esta manera, se evita que las universidades se vean obligadas a recurrir a otras figuras, como la del asociado.

 

• Gasto mínimo de un 1% del PIB. La LOSU plantea el compromiso de un gasto mínimo del 1% del PIB, lo que supone un avance en relación a los datos actuales de gasto que rondan el 0,7% de media del PIB después de una década en que las universidades se han visto afectadas por los recortes y políticas de austeridad producidas por la anterior crisis económica de 2008. Este aumento va en la línea de lo ya acordado en la LOMLOE de un 5% del PIB de gasto en educación o el 1,25% que plantea la recien aprobada Ley de Ciencia. 

 

• Formación a lo largo de la vida. La LOSU hace que las universidades estén dirigidas a todas las edades para dar respuesta a las necesidades competenciales en la edad adulta y por el cambio demográfico previsto en los próximos años. Se determina que la formación a lo largo de la vida sea una función básica de la universidad. Se establecerán títulos propios de formación a lo largo de la vida mediante modalidades diversas, incluidas microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración, que podrán tener reconocimiento académico. Las administraciones públicas fomentarán programas de becas y ayudas a la formación a lo largo de la vida en el marco de las políticas de fomento de la movilidad internacional.

 

• Carrera académica: La carrera académica cuenta con tres etapas en vez de las cuatro de la Ley Orgánica de Universidades (LOU): acceso, estabilización y promoción. Desde el inicio de los estudios de doctorado hasta la estabilización solo pasarán diez años, consiguiendo así un rejuvenecimiento de la plantilla universitaria. El acceso a la carrera se realizará con la figura del Ayudante Doctor, con un contrato de 6 años (en vez de los 5 de la LOU), eliminando la acreditación para esta figura al igual que se hace en el resto de los países europeos, y accediendo por concurso público. Con ello se avanza la edad de entrada y se permite también atraer talento internacional. Pasados estos 6 años se podrá alcanzar la estabilización a través de las figuras de Titular de Universidad o bien de Permanente Laboral, mediante la acreditación pertinente y un concurso público. La figura de promoción será la de Catedrático/a. El texto ha querido poner énfasis en los aspectos relativos a los retornos a la sociedad incorporando nuevos principios para las evaluaciones al profesorado. Estas serán cualitativas y cuantitativas, tendrán en cuenta el acceso abierto de las publicaciones, el impacto territorial de las investigaciones, la pluralidad lingüística, la experiencia profesional, y las particularidades de cada disciplina académica. Además, y de cara a evitar diferentes dinámicas endogámicas, en todos los concursos públicos la universidad convocante estará en minoría y los miembros serán escogidos por sorteo.

 

• Internacionalización. La LOSU se articula en el Espacio Europeo de Educación Superior y este marco está presente a lo largo de todo su articulado. La LOSU incorpora, por primera vez, un título dedicado a la internacionalización. Gobierno, CCAA y universidades elaborarán estrategias para internacionalizar el sistema universitario. Las alianzas universitarias europeas, euro regionales e internacionales se refuerzan, con el impulso de títulos compartidos. En esta ley la movilidad internacional del estudiantado, del PDI y del PAS se convierte en una prioridad. Además, se agilizan los visados por estudios para atraer talento y, al finalizar los estudios universitarios de grado, máster o posgrado, se podrá optar a un visado de dos años para hacer prácticas o trabajar. La LOSU ha creado una nueva figura de “Profesorado Distinguido” cuya función es atraer profesorado de prestigio académico e investigador, tanto nacional como extranjero.

 

• Gobernanza y estructuras. El nuevo texto plantea un modelo democrático en el que la elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria se realizará mediante sufragio, y contará con cuatro estructuras básicas: Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo de Estudiantes y Consejo Social. El Claustro será el órgano de máxima representación y participación de la comunidad universitaria, garantizando siempre un 25% de mínimo de representación del estudiantado, así como una representación del 51% para el personal docente e investigador funcionario y de la figura de permanente laboral. Además, se consolida el Consejo de Estudiantes en cada universidad.

 

• Más derechos: En materia de género, para crear una universidad pública o privada, se deberán contar con planes de igualdad, medidas para eliminar la brecha salarial y protocolos frente a todo tipo de acoso. Por otra parte, las Unidades de Igualdad y las de Diversidad serán obligatorias y todos los órganos de las universidades y las comisiones de evaluación o selección de personal serán paritarios (mujeres y hombres). Además, en los concursos se podrán aplicar acciones positivas para contratar, en igualdad de condiciones de idoneidad, al sexo menor representado. 

 

• Estudiantado: Su participación en los órganos de gobierno de la universidad como el Claustro o los Consejos de Facultad o Departamento alcanza en la LOSU un mínimo del 25% cuando en la LOU no se asegura ningún porcentaje. También se fomenta su participación en la gestión de servicios universitarios, en el desarrollo de mentorías y tutorías, y en el conjunto de la vida universitaria. La lista de derechos al estudiantado que establece esta ley es extensa, destacando el derecho al paro académico entre ellos. n