La mayoría de los científicos españoles estamos acostumbrados a trabajar con medios modestos, compaginando múltiples tareas con la labor de investigar. Muchas de estas actividades, con un equilibrio razonable, son enriquecedoras tanto para el investigador como para el desarrollo de los proyectos y la divulgación de los resultados, traduciéndose en un avance de la ciencia en su expresión más amplia. Así, por ejemplo, combinar docencia e investigación es enriquecedor al fomentar la creatividad de los investigadores. Es cierto que la dedicación docente resta tiempo de investigación pero, en mi opinión, se compensa por la capacidad de mantenerse actualizado en campos científicos más o menos cercanos al propio y que aportan un conocimiento complementario que impacta positivamente en el desarrollo de los proyectos de investigación. En este sentido, un tiempo razonable invertido en actividades docentes tiene un alto valor y estimula la productividad y excelencia científica. 

 

Una actividad a la que hemos de dedicar cada vez más tiempo y que sí supone un serio hándicap en el rendimiento científico es la creciente burocracia, tanto en la solicitud como en la ejecución y justificación de los proyectos de investigación. Es un clamor general, tanto de los investigadores como del personal de administración y servicios, que los procedimientos administrativos se han complicado de forma abismal en los últimos años y, particularmente, ahora con los fondos Next Generation, que nadie sabe cómo ejecutar. El procedimiento es farragoso, indefinido, desquiciante, distractivo y no sé cuantos más calificativos podría usar para acercarme a una definición apropiada. Si ya veníamos cargados con una burocracia excesiva, que hacía que nuestros equipos dedicaran más tiempo a gestionar y justificar gastos que a investigar, con estos fondos se ha multiplicado esta labor. 

 

Si reconocemos el problema, ¿qué impide que se tomen medidas para reducir la complejidad administrativa y facilitar los procedimientos para ejecutar de forma productiva los fondos de I+D? ¿Por qué no podemos terminar con esta penuria? A menudo, la burocracia se impone como consecuencia de que alguien, olvidándose de los más elementales principios éticos, se ha aprovechado de algunos vacíos administrativos para su beneficio personal. En estos casos, en vez de castigar de forma ejemplar a los “malhechores” se ha optado por generalizar el problema y castigar a todos, asumiendo que el incremento de las trabas burocráticas impedirá una acción similar. Como ejemplo podemos destacar la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que, entre otros, estableció un límite en la cantidad máxima a contratar de las instituciones por proveedor sin considerar las necesidades de los proyectos de investigación. Esta norma, derivada de los abusos de otras administraciones, generó una carga administrativa importante en la ejecución de los proyectos de I+D por parte de los investigadores. Esta tarea se ha complicado aún más por las normas de ejecución establecidas para los fondos Next Generation. Habría que pensar más en los buenos ejecutores, intentando recompensarles su excelente labor, en vez de sancionarles porque los malos gestores lo han hecho pésimamente. Al César lo que es del César.

 

Otro de los aspectos que contribuye al incremento de la burocracia en la ejecución de los presupuestos de los proyectos de I+D es el temor de las instituciones a los auditores, que suelen incorporar notas negativas en la ejecución de los presupuestos cuando algún gasto no les encaja en las normas contables. En mi opinión, estas notas son en general el resultado de no entender las necesidades y peculiaridades de un proyecto de I+D más que el reflejo de una pobre ejecución del presupuesto asignado. De hecho, en más de una ocasión me he visto explicando que es una enzima de restricción o un anticuerpo, y como este se podía utilizar en dos proyectos distintos. En mi opinión, por una parte, hacen falta plantillas de auditores especializados en la ejecución de proyectos de I+D, que entiendan sus singularidades; así como normas de ejecución flexibles que consideren que los proyectos de I+D se basan en hipótesis que se adaptan según los resultados (valor de la I), y no en apuntes contables establecidos, estandarizados e inalterables. Y las instituciones deben también ser comprensivas con estas necesidades y facilitar la labor a sus investigadores, no imponiendo más trabas a la ejecución intentando anticiparse a posibles notas de los auditores. Creo que esto es de sentido común, si no queremos comprometer la excelencia y competitividad de la I+D.

 

Claramente, la burocracia en nuestro sistema de I+D es un cáncer con muy mal pronóstico que no ha dejado de expandirse y que amenaza, me temo, con destruirlo. Se está casi llegando a la paradoja de que se necesita más personal de apoyo administrativo para ejecutar un proyecto de I+D que personal de investigación. Un auténtico sin sentido. Y se puede pensar que estoy exagerando, pero sólo hay que mirar alrededor para darse cuenta de lo complejo que se ha vuelto el sistema. No es sorprendente que de ello se quejen prácticamente todos los estamentos implicados, incluida la Sra, Mónica Holhmeier, jefa de la delegación del Parlamento Europeo, que en unas recientes declaraciones dijo que en España sobraba burocracia y faltaba transparencia en la ejecución de los fondos europeos, sugiriendo, además, que no existe una relación lineal entre burocracia y transparencia. Incluso el presidente Sánchez llegó a decir en Davos que había que reducir la burocracia en España. Si todos somos conscientes del problema, ¿a qué esperamos para darle solución? ¡Hagan algo ya! No nos arriesguemos a alcanzar el punto de irreversibilidad.